Por un derecho de fiscalización en los lugares de encierro de las personas extranjeras

Migreurop
www.migreurop.org
Desde su creación, Migreurop denuncia la multiplicación de los lugares de encierro para personas extranjeras que los Estados miembros de la Unión Europea instauran en el marco del plan de lucha contra la inmigración ilegal. Este fenómeno afecta tanto a los países de la Unión Europea como a los países situados fuera de sus fronteras y a los que Europa incita a “retener” o a readmitir. Los sistemas de encierro y de alejamiento de las personas extranjeras son variables en función de los países, pero comprobamos por todas partes una generalización del encierro de personas que sólo cometieron infracciones relativas a la entrada y a la estancia. Esta generalización del encierro tiende a ser institucionalizada por la Unión Europea, particularmente con la adopción el 18 de junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva “retorno” que valida prácticas de detención de personas extranjeras con duraciones desmesuradas.
Los lugares de encierro de las personas extranjeras son a menudo aislados de la mirada de la sociedad civil, que tiene poca visibilidad e información sobre lo que allí ocurre. El derecho de acceso de las ONG de defensa de los derechos de las personas extranjeras es limitado o inexistente. Esto favorece los riesgos de abuso y de atentados a los derechos de las personas allí detenidas.
A raíz del refuerzo de los dispositivos de control y de detención por parte de la UE, la sociedad civil pide el derecho de fiscalización sobre estos lugares de detención, con el fin de :
dar a conocer la realidad y las condiciones del encierro de las personas extranjeras en estos centros,
desempeñar un papel de alerta y de defensa de las personas extranjeras detenidas, y testimoniar sobre las consecuencias de este encierro y sobre las situaciones que conducen a las violaciones de los derechos de las personas migrantes:
Para que este derecho de fiscalización pueda ser ejercido en estos lugares por los actores de la sociedad civil, pedimos :
A los Estados:
que garanticen legalmente y sin restricciones el derecho de acceso de la sociedad civil y de las ONG a los lugares de encierro de las personas extranjeras;
que garanticen a las personas extranjeras detenidas el acceso a una asistencia para la defensa de sus derechos por parte de actores independientes de las autoridades nacionales;
que garanticen el ejercicio de un control regular sobre la situación de las personas migrantes en estos lugares de encierro por parte de organizaciones independientes de las autoridades nacionales;
que informen a la sociedad civil sobre la situación en estos lugares de encierro, particularmente comunicando su existencia, número y funcionamiento de todos aquellos lugares de encierro de las personas extranjeras en su territorio.
A la Unión Europea:
la creación de un instrumento apremiante que obligue a los Estados miembros a proporcionar a la sociedad civil el derecho de acceso efectivo a los lugares de encierro de las personas extranjeras,
la instauración de un mecanismo de control de la situación en estos lugares de detención, tanto en los Estados miembros como en los países con los cuales la UE firmó acuerdos migratorios, particularmente vía visitas regulares de organizaciones independientes de los Estados miembros. También se le solicita la presentación de informes al menos anuales en el Parlamento Europeo sobre la situación de estos lugares de encierro
la imposición a los Estados miembros de garantizar a las personas migrantes detenidas un acceso efectivo a un sistema de defensa de los derechos de las personas extranjeras, que sea independiente de las autoridades nacionales.

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