Italia: Institutionalización de la discriminación

Introducción
Tras su clara victoria en las elecciones de abril de 2008, el nuevo gobierno de Italia ha indicado su intención de llevar a cabo un cambio radical en el trato reservado a las personas identificadas como amenazas para la coexistencia pacífica y a las que se considera la causa de una “sensación de inseguridad” entre los ciudadanos.
En febrero, fué el mismo Berlusconi quien anunció la “tolerancia zero para los Rom, clandestinos y criminales” como una prioridad en caso de ganar las elecciones. En el contexto de una retórica en contra de los inmigrantes que, siniestramente, incluyó al nuevo ministro de interior Roberto Maroni, que justificaba unos ataques racistas culpabilizando a la población migrante por las reacciones en su contra, el 23 de mayo se aprobó el llamado “paquete de seguridad”. Contenía un decreto ley de medidas urgentes para su implementación inmediata, un decreto legislativo para su posterior conversión en ley, y tres decretos ley para introducir cambios en las normas que regulan la reunificación familiar, el reconocimiento del estatuto de refugiado y la libre circulación de ciudadanos de países miembros de la UE, y un proyecto de ley sobre la base de datos nacional del ADN. A finales de julio, se deberían presentar las medidas sobre la reunificación familiar, el estatuto de refugiado y la base de datos de ADN. Además, el paquete conlleva una proliferación de medidas cuyo objetivo es el restablecimiento de la autoridad del estado, a través de un control del territorio más estrecho por parte de la policía, e incluso permitiendo desplegar soldados en las calles de ciertas ciudades, sanciones contra la criminalidad de bajo nivel (con un enfoque especial en contra de los mendigos y vendedores de productos falsificados en la calle) y la conducción tras haber consumido alcohol o drogas ilegales, y a través de la criminalización y represión de los opositores de actuaciones del gobierno (las medidas adoptadas en relación con la crisis de la basura en Campania son susceptibles de tener implicaciones para activistas y manifestantes en el futuro).
Cuando en varios de sus socios en la UE el tema más actual es la desaceleración de la economía, y mientras algunos de ellos admiten a regañadientes la existencia de una “crisis”, en Italia la mirada está firmemente plantada en los extranjeros “ilegales” y los Rom y Sinti, a pesar del declive de la economía y de unas estadísticas que indican que un número cada vez mayor de familias tienen problemas para alcanzar el final de mes con sus sueldos. Una vez establecida la razón de los problemas del país en la inmigración clandestina, se estudia la forma de combatirla, con el objetivo de hacer que la vida de los colectivos de inmigrantes en Italia sea más difícil, identificando lo que hacen y sancionándoles, a ellos y a las personas que son acusadas de ayudarles a través de actos ilegales, aislándoles todavía más. El objetivo que parece estar tras muchas de las medidas, es el de asegurar un gran número de expulsiones inmediatas en base a una ampliación de los fundamentos que las permiten. Por otra parte, las medidas indican un cambio, hacia la equiparación de los ciudadanos de países de la UE obligados a salir de Italia a los expulsados de terceros países.
Los que han criticado las medidas dudan de la posibilidad de aplicarlas, en razón del elevado número de personas que se criminalizaría y de aquellas cuya situación encajaría dentro de los supuestos que llevarían a su arresto, detención o expulsión, en lo que se refiere a efectivos (de policía y en los juzgados), infraestructuras y costes.

Apretando las tuercas a los inmigrantes “ilegales”
Las medidas clave que se han propuesto para complicar la vida a los llamados clandestinos incluyen su criminalización en masa, convirtiendo su situación en un delito penal que conlleva la detención, en lugar de ser una falta administrativa. Esto llevará a que se criminalice a cientos de miles de personas a la vez, aunque se esperan concesiones para algunas categorías específicas como las muchas asistentas y cuidadoras que han intentado regularizarse solicitando su reconocimiento bajo el sistema de cuotas, que sigue sin funcionar de forma adecuada. De hecho, las plazas reservadas para que los extranjeros puedan entrar en Italia para trabajar se han infravalorado constantemente, dejando a los empresarios con necesitad de mano de obra y a las oficinas responsables de tramitar las solicitudes abrumadas por cientos de miles de peticiones (740.000 solicitudes para las 170.000 plazas puestas a disposición en 2007), en muchos casos de personas que ya trabajan con regularidad en Italia (aunque sea de forma ilegal) e intentan regularizar su situación.
En respuesta a una pregunta sobre el nuevo delito, el ministro del interior Roberto Maroni dijo en el parlamento que surje de la necesidad de “llevar a cabo expulsiones inmediatas”, especialmente debido a que la Directiva sobre Retornos que él califica de “demasiado suave” impone la condición de dar siete días a los inmigrantes para que dejen el país por su cuenta en cumplimiento de una orden, aunque también incluye una excepción que permite una “expulsión inmediata” cuando “la medida de expulsión es el resultado directo o indirecto de una sentencia de culpabilidad en juicio penal”. Maroni también lamenta que, una vez traspuesta la Directiva, sólo será posible expulsar a “los que han sido juzgados culpables y los ciudadanos comunitarios por razones graves e imperativas de orden público”, una medida que ya introdujo el gobierno Prodi a finales de 2007. A pesar de la declaración del Consejo según la cual la Directiva no debía emplearse para rebajar las condiciones en los estados miembros, ha sido utilizada para justificar un importante aumento en la duración máxima de la detención de migrantes en centros de detención (cuyo nombre se cambia a centros de identificación y expulsión y cuyo número crecerá, según ha declarado Maroni), de dos a dieciocho meses. El período normal de detención se dobla de 30 a 60 días. Una vez cumplido, y a petición del questore (el jefe administrativo de policía de una ciudad), un juez lo puede prorrogar sucesivamente por plazos de 60 días hasta alcanzar el nuevo límite de 18 meses “si el sujeto detenido no ha proporcionado un documento de identificación” que sea válido para viajar al extranjero. Hoy mismo se ha anunciado que habrá 1.000 militares puestos a disposición para tareas de vigilancia de los centros de detención.
Por otra parte, se introducen medidas para eliminar el impacto de la Directiva cuando trata de mejorar la protección y garantías para los “ilegales”, a través de la transformación de la naturaleza del sistema legal, sancionando a las personas por quienes son, más bien que por lo que hacen. Es la orientación seguida al contemplar la estancia irregular como agravante para quienes cometan delitos, aumentando en un tercio la condena, en contradicción con el principio de igualdad ante la ley, y asegurando que la mayoría de delitos conllevarán sentencias suficientemente largas en los juzgados para su expulsión inmediata. Para que así sea, se ha rebajado la sentencia mínima que conlleva automáticamente la expulsión, de diez a dos años. El incumplimiento de una orden de retorno o de expulsión, que era una falta administrativa, se convierte en delito, sancionable con entre uno y cuatro años de encarcelamiento. Además, la mayor duración de las sentencias en contra de los migrantes que residen irregularmente en Italia les podría excluir del alcance de medidas como el cumplimiento de condena alternativo fuera de la cárcel o descuentos de condena que acortarían su plazo de detención.
El aspecto en el que el enfoque contradictorio de la coalición gubernamental es más evidente, es al limitar el derecho a la reagrupación familiar. En el debate político interno, se han erigido en defensores inflexibles de la “Familia”, entendida en términos tradicionales y religiosos, en oposición a la concesión de derechos legales a las parejas homosexuales o que no estén casadas. En el caso de las personas migrantes, endurecen la normativa sobre reagrupación familiar, dando a entender que el problema de quienes entran “ilegalmente” está relacionado con quienes entran de forma “legal”, por lo que habría que reducir su número. Así, excluyen a los hij@s que sean mayores de edad, a los padres que tienen más de 65 años si tienen otros hij@s que les puedan mantener en sus países de origen, a no ser que haya certificación de que no pueden por graves razones médicas. El plazo para obtener la ciudadanía tras un matrimonio se extiende de seis meses a dos años, y si no es posible aportar documentos oficiales del país de origen que certifiquen el parentesco, será necesaria una certificación por parte de las autoridades diplomáticas o consulares tras un examen de ADN que tendrán que pagar ellos mismos. Todo esto parece ir en dirección contraria a los objetivos empleados para justificar estos cambios, ya que la presencia de una familia y cierta estabilidad podrían llevar a conductas más responsables de las que puedan existir si los migrantes son personas aisladas.
La vivienda es otra área en la que se preven controles estrictos, ya que los migrantes forzosamente necesitan un lugar donde residir, a no ser que vayan a dormir en la calle, y cualquier vivienda que alquilen directamente estará alquilada de forma ilegal si no poseen el permiso de residencia. Los caseros que alquilen viviendas a extranjeros que residen ilegalmente en Italia serán culpables de un delito que conlleva sentencias de entre seis meses y tres años de prisión. Una vez recibida una sentencia firme en su contra, la vivienda será requisada, en una extensión de las medidas para combatir las conductas consideradas como formas de asistencia a la estancia ilegal, promoviendo un aislamento social aún mayor de los “clandestinos”.
Las transferencias de dinero son otra actividad en la que se preven mayores controles, a través de una obligación para los proveedores de estos servicios de controlar y fotocopiar los documentos de identidad de las personas que usan el servicio. Si el usuario es extranjero, también necesitará el permiso de residencia y, en los casos en que no lo posea, el gestor tendrá que transmitir la información sobre el servicio proporcionado y la fotocopia del documento del usuario a las autoridades locales responsables de la seguridad pública, en un plazo de 12 horas. Los proveedores de servicios de transferencia de dinero tendrán que archivar las copias adquiridas de los documentos de los clientes y permitir el acceso de las autoridades públicas con tareas de seguridad en cualquier ocasión en que se lo pidan, si no quieren que se les retire la licencia. La práctica de exigir la identificación previa para el acceso a varios servicios se está ampliando, tras su introducción para usar los terminales en cybercafés por el decreto ley 144/2005 para combatir el terrorismo internacional, y para adquirir las entradas para partidos de fútbol en un decreto de febrero de 2007 para combatir la violencia en los estadios. Además, la medida sobre transferencias de dinero va en dirección contraria respecto a unos planteamientos recientes como la propuesta en España de facilitar y reducir los costes de las transferencias hacia los países de origen, o las declaraciones que destacan la importancia de las remesas desde el extranjero para mejorar las condiciones en los países de origen. Acerca de la políticas para promover el desarrollo y el valor positivo de las remesas, el Plan de Acción que emergió de la Conferencia Ministerial EU-África en Rabat del 10-11 de julio de 2006, afirmaba en su punto 1.g: “Reducir –trabajando con las instituciones bancarias y de crédito y los gestores de transferencias– los costes de las transferencias de ahorros hacia sus países de origen, respetando la naturaleza privada de las remesas, fortaleciendo su potencial para el desarrollo y asegurando que sean cuanto más productivas sea posible” [traducción del autor].
Otro aspecto importante de las medidas, es la forma de limitar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos comunitarios. Los últimos “decretos de seguridad” aprobados por el gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi en noviembre de 2007 y enero 2008 en el contexto de una “fuerte alarma social” por los crímenes cometidos por extranjeros, rumanos en particular, establecieron que se podía expulsar a los ciudadanos de países comunitarios de acuerdo con una interpretación amplia de lo que representa una “amenaza para la seguridad pública”, señalando a los extranjeros ciudadanos de otros estados de la Unión como elementos susceptibles de generar este tipo de amenaza (ver Statewatch vol.18 no.1). La renovación del decreto añadió la posibilidad de expulsar a los ciudadanos de otros países comunitarios si se sospecha que participen en actividades terroristas. Los criterios para que se considere que alguien es una “amenaza para la seguridad pública” se han extendido para incluir cualquiera que no esté dado de alta en el anagrafe (parecido al padrón español) “en cualquier caso”, algo que, casi inevitablemente, se podrá aplicar a casi todos los “ilegales”, sobre todo ya que se introducen nuevos obstáculos para darse de alta en dicho anagrafe. Las nuevas condiciones incluyen una inspección para asegurarse de que un extranjero vive en una vivienda adecuada y tiene un sueldo certificado que sea suficiente para mantenerse, condiciones difíciles de cumplir incluso para algunos italianos.
En lo que concierne el asilo, sólo tres meses tras la entrada en vigor del nuevo decreto legislativo para modificar el procedimiento para el examen de las solicitudes de asilo, ya se propone su reforma para garantizar la expulsión de un solicitante en cuanto se deniegue su solicitud en primera instancia. Esto equivaldría a la eliminación de los recursos, ya que habría que presentarlos desde el país de cuyas autoridades se solicita la protección. El Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) ha criticado las propuestas, indicando que las estadísticas a nivel europeo demuestran que se concede un 30% de las solicitudes de asilo aceptadas tras un recurso. El CIR expresó su deseo de que se abandone la reforma planteada, ya que también conllevaría la denegación del derecho de circulación en el territorio nacional y la detención de muchos potenciales solicitantes de asilo en centros de detención. Esto ocurriría en los casos en que reciben una orden de retorno o de expulsión antes de haber solicitado asilo, una situación que, dice el CIR, no es nada excepcional, por ejemplo en la isla sureña de Lampedusa.

Más poderes para los ayuntamientos y alcaldes
A primera vista, la concesión de mayores poderes para garantizar el orden y la seguridad públicos en su territorio a las autoridades locales y alcaldes no parecería controvertida. Sin embargo, los acontecimientos del último año han demostrado que se pueden emplear para aumentar los obstáculos a los que se enfrentan los migrantes, más allá de los que se aprueben a nivel nacional. El artículo 5 del decreto les permite emitir ordenanzas en materia de orden y seguridad públicos, desarrollar funciones de seguridad pública y policía judicial, y de vigilar cualquier asunto que sea relevante para el orden y la seguridad públicos, informando al prefetto (el jefe de la policía en una ciudad). También son responsables de asegurar la cooperación de la policía local con la policía nacional y de supervisar la gestión de los registros sobre el estatuto civil y de residencia (como el anagrafe, ver más arriba), y tienen discreción para adoptar medidas urgentes para “prevenir y eliminar los peligros graves que amenazan la integridad pública y la seguridad urbana” –en posible referencia a las expulsiones-, explicando las razones de la adopción de las medidas e informando al prefetto en el plazo oportuno para establecer los instrumentos necesarios para su implementación. Cuando las órdenes están dirigidas a personas concretas que incumplen dicha orden, el alcalde puede actuar para imponer su cumplimiento a través de operaciones cuyos costes correrán a cargo del sujeto de la medida. El ministro de interior podrá establecer las pautas para el ejercicio de estas funciones por parte de los alcaldes.
Un enfoque para resolver el “problema” que se ha adoptado en las regiones del norte por parte de ayuntamientos del centro-derecha (especialmente los de la Lega Nord) que consideraban que las leyes nacionales y los esfuerzos del gobierno eran insuficientes, fue la creación de una telaraña burocrática y administrativa para poner trabas en el camino de los migrantes, por ejemplo, haciendo que la inscripción en el anagrafe local fuera más difícil. Dicha inscripción es obligatoria para quien se quede en una localidad por más de tres meses, y es un paso fundamental para tener acceso a los servicios sociales y de salud, derechos y otros servicios que incluyen la escolarización de niños. A menudo, los efectos de estas trabas desbordan su supuesto alcance, es decir, el de los “ilegales”; por lo tanto se han planteado medidas que afectan a los niños, a los que no se puede considerar “ilegales” por ley, y a ciudadanos de países de la UE que, supuestamente, gozan del derecho de libre circulación. Una ordenanza (circular n. 20) emitida por la sección de servicios para la infancia del ayuntamiento de Milán el 17 de diciembre de 2007, impedía la inscripción de niños en las guarderías infantiles, en caso de que sus padres no presentaran un permiso de residencia válido. Al final, un juzgado en Milán sentenció que la ordenanza era ilegal el 11 de febrero de 2008 (ver Statewatch news online, febrero de 2008) porque violaba el derecho fundamental de los niños a la educación, tras un recurso presentado por una madre marroquí.
El ayuntamiento de Cittadella (Padua) exigió la certificación de que un extranjero tenía empleo, un sueldo o recursos suficientes para no convertirse en una carga para los servicios sociales para permitir su inscripción en el anagrafe, y se otorgó poderes para ordenar la inspección de la vivienda para averiguar que los datos suministrados fueran correctos, y que la vivienda fuera apta para residir en ella sin tener a demasiadas personas viviendo en ella. Se necesitaba un mínimo de 28 metros cuadrados por una persona, 38 por dos, que se rebajaban a 14 metros por persona cuando hubiera tres o más inquilinos. El hecho de que los precios en el mercado de alquileres podían hacer que fuera difícil cumplir estas condiciones no se consideró relevante –muchos italianos sólo dejan la casa de sus padres varios años después de alcanzar la mayoría de edad, aunque trabajen. Otras exigencias, según las circunstancias de la estancia, conllevarían la presentación de un contrato de empleo, la autorización del despacho de inmigración, un volante que certifique la concesión de un número de identificación fiscal o la inscripción en el colegio profesional, en el caso de trabajadores independientes o autónomos. Para su inscripción, los nacionales de países comunitarios que querían residir en Cittadella sin trabajar o seguir cursos de formación, tenían que demostrar la disponibilidad de suficientes recursos para sustentarse, a ellos mismos y cualquier miembro de su familia que estuviera presente. La cantidad requerida era de 5.061,68€ para dos personas, el doble para grupos de tres o cuatro. La posesión de cobertura médica era otra exigencia en estos casos.
El nuevo alcalde de derechas de Roma, Gianni Alemanno de Alleanza Nazionale (AN) ha anunciado el llamado Patto per Roma sicura para solucionar los problemas de seguridad de la capital. Preverá, de acuerdo con medidas tomadas por el gobierno para varias ciudades, la presencia de militares (preferiblemente carabinieri ocupados en tareas militares o soldados voluntarios que han completado una formación especial) patrullando las calles. Tendrán poderes para identificar y detener a personas o vehículos por razones que incluyen las de prevenir o impedir conductas que puedan ser peligrosas para las personas o lugares sujetos a vigilancia, llevándoles a las estaciones de los carabinieri para los controles y cualquier tarea de policía judiciaria que sea necesaria. Las pautas para su despliegue, detalladas en la conversión en ley con enmiendas del decreto del 23 de mayo de 2008, indica que no podrán ser más de 3.000 en todo el país (para patrullar las calles, vigilar los centros de detención y objetivos sensibles), sujetos a una autorización por “necesidades específicas y excepcionales de prevención del crimen cuando sea deseable un mayor control del territorio”. Al parecer, la situación actual en la capital cumple estas condiciones, ya que incluso los vendedores migrantes en las calles se consideran una grave molestia que socava la sensación de seguridad de los transeuntes.

Campamentos gitanos equiparados a una catástrofe natural
El primer Consejo de Ministros del gobierno Berlusconi, el 21 de mayo de 2008, también declaró un “estado de emergencia” de una duración de más de un año (hasta el 31 de mayo de 2009) en las regiones de Lacio, Lombardía y Campania en relación con los asentamientos de “comunidades de nómadas”, debido a la “presencia de numerosos ciudadanos de terceros países irregulares y nomádas que se han establecido de forma permanente” en estas áreas (énfasis añadida). Se considera que su “extrema precariedad” ha provocado una “grave alarma social, con posibles graves repercusiones en lo que se refiere al orden y la seguridad públicos para las poblaciones locales”. Para solventar la situación, se preven medidas extraordinarias que normalmente se aplican en casos de graves desastres naturales, y la derogación de un gran número de leyes para permitir a los recién nombrados comisarios especiales (los prefetti de Roma, Napóles y Milán, a los que se han otorgado amplios poderes y 1 millón de euros de financiación). Un memorándum enviado por varias organizaciones italianas y europeas que incluyen la Associazione di Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) y el European Roma Rights Centre (ERRC) al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) acerca de los incumplimientos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, detalla las derogaciones introducidas, que incluyen “los poderes de la autoridad estatal para obligar a una persona a identificarse ante la autoridad pública, además de permitir la inclusión en bases de datos de información personal fotométrica y de otro tipo; los poderes de los alcaldes en temas que forman parte de las competencias estatales; los derechos de los ciudadanos a responder a una medida adoptada por la administración pública; [normas sobre] la expropriación por utilidad pública; los procedimientos específicos a seguir en intervenciones de construcción pública (incluidas las demoliciones); la totalidad del Texto Consolidado sobre leyes de salud; las normas sobre el ejercicio de los servicios de policía de tráfico; y, como norma final con un valor general, todas las demás ‘leyes y otras disposiciones regionales que estén estrechamente relacionadas con las intervenciones previstas por esta ordenanza’”. Las derogaciones del procedimiento administrativo ordinario son un aspecto importante, ya que eliminan el deber de notificación previa a un sujeto afectado por una medida adoptada por la administración pública, de emitir un comunicado explicando la finalidad de una medida, de poner a disposición las actas sobre la medida, y de poder poner en tela de juicio la medida o presentar documentos relevantes a la administración responsable. En efecto, es un avance que legitimiza unas prácticas que se han llevado a cabo en los últimos años, mucho antes del cambio de gobierno, a través de desalojos que no cumplían con las estipulaciones contenidas en los instrumentos internacionales firmados por Italia, como la comunicación previa, planes de contingencia para encontrar alojamiento sustitutivo, o la prohibición de realizar estas operaciones de noche o en condiciones meteorológicas adversas.
Una de las prioridades establecidas en las ordenanzas, es la identificación de los habitantes de los campamentos, “inclusos los menores”, y de los “núcleos familiares”. Esta medida es presentada como una forma de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, de implementar las disposiciones humanitarias y sobre inmigración, y aplicar los instrumentos para garantizar el acceso a servicios esenciales de cuidado social y de salud, tomando en consideración la protección de menores de las personas u organizaciones criminales que supuestamente se aprovechan de la inseguridad en términos de identidad para realizar actividades ilegales como tráficos o formas graves de explotación. La terminología empleada merecería un estudio pormenorizado, debido a la forma en que unas medidas discriminatorias, punitivas e intrusivas se presentan como benévolas, como también sucedió tras la resolución condenatoria aprobada por el Parlamento Europeo acerca del censo y la toma de huellas de los Rom y Sinti. Otras de las tareas encomendadas a los comisarios incluyen la vigilancia de campamentos autorizados y la localización de los campamentos ilegales, la adopción de órdenes de retorno o expulsión, cuando sean aplicables en contra de las personas identificadas en los campamentos, la identificación de posibles lugares para nuevos campamentos autorizados, y la adopción de medidas para permitir el desalojo y la posterior recuperación de los lugares ocupados por asentamientos ilegales. También se preven intervenciones para promover la integración social y para promover la escolarización de los niños, en conjunción con otras para combatir el comercio ilegal, la mendicidad y la prostitución.

Críticas internacionales
La Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 12 de junio de 2008 incluye los siguientes puntos:
“1. Insta a las autoridades italianas a que se abstengan de recopilar las huellas dactilares de la población romaní, menores incluidos, y de utilizar las huellas dactilares ya recopiladas, a la espera del anunciado examen que la Comisión llevará a cabo próximamente de estas medidas, ya que esto constituiría claramente un acto de discriminación directa basado en la raza y el origen étnico prohibido por el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y, además, un acto de discriminación entre ciudadanos de la UE de origen romaní y otros ciudadanos, a los que no se somete a tales procedimientos;
2. Comparte la preocupación de Unicef y considera inadmisible que, con el objetivo de proteger a los niños, se violen sus derechos fundamentales y se les criminalice…, y considera que la mejor forma de proteger los derechos de los niños romaníes es garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la educación, la vivienda y la asistencia sanitaria de calidad, en el marco de políticas de inclusión e integración, y protegerles contra la explotación;…
4. Comparte la opinión de la Comisión de que tales actos constituirían una violación de la prohibición de la discriminación directa e indirecta, establecida en particular en la Directiva 2000/43/CE del Consejo, y consagrada en los artículos 12, 13 y 17 a 22 del Tratado CE;”.
Por otra parte, y con particular relevancia en relación con el planteamiento del gobierno hacia las comunidades Roma y Sinti [y también de migrantes], señala que “las políticas que aumentan la exclusión nunca serán efectivas para luchar contra la delincuencia ni contribuirán a la prevención de la delincuencia o a la seguridad”.
La protesta internacional provocó un cambio limitado en el discurso procedente del gobierno acerca de las medidas, desde una postura claramente agresiva a otra, en la que se pone el énfasis sobre la garantía de los derechos humanos de los niños de los campamentos gitanos. El 19 de mayo, el ministro del interior Maroni dijo que “Habrá que desmantelar todos los campamentos Rom de inmediato, y sus habitantes serán expulsados o encarcelados”, mientras que el vicealcalde de Milán Riccardo de Corato sugirió que era necesaria una cuota para limitar el número de los Rom en la ciudad, y Davide Boni, un concejal en la Región Lombardía, sostenía que “Todos los gitanos tienen que irse”. El cambio de énfasis hacia la justificación de las medidas para la protección de los menores, con Maroni y Frattini, el antiguo Comisario de la UE para Justicia y Asuntos Internos, y actual ministro de asuntos exteriores en el gobierno Berlusconi, al frente. Frattini arguyó el enfoque humanitario de forma muy enérgica (ver Statewatch news online, julio de 2008), expresando su opinión sobre las ventajas de la identificación, “la primera manera de proteger a un menor es darle una identidad y un documento”, ya que sin ellos “un niño gitano no tiene derecho a la sanidad y a la escuela”. En un paréntesis emotivo, añadió que sin estas condiciones “es imposible sustraer estos pequeños fantasmas inocentes de las manos de los pederastas y de los traficantes de niños”, antes de subir la apuesta, sugiriendo que hace falta “un banco de datos europeo con los nombres, las huellas, con las señales del ADN de todos estos niños [Rom y Sinti], para hacer su vida más segura”.
Sin embargo, es difícil sostener esta versión si se considera que uno de los muchos desalojos que se han llevado a cabo, en el Campo Boario en el barrio de Testaccio en Roma el 6 de junio, provocó el desalojo de 120 personas (80 adultos y 40 menores), cuando algunos de los niños formaban parte de un proyecto para promover su escolarización y frecuentaban un colegio cercano, una experiencia que se acortó gracias al desalojo, que no fue acompañado por la puesta a disposición de alojamientos alternativos (situaciones parecidas ocurrieron en Turín y Florencia). Posteriormente, los antiguos residentes del Campo Boario fueron desalojados también de las orillas del Tíber, donde habían buscado refugio. Unos meses antes, en marzo de 2008 en Milán, la policía desalojó el campamento de Bovisa con la intención explícita de obligar a los Rom a volver a Rumania. Los discursos en contra de los Rom pronunciados por personalidades de la política y los medios han sido incesantes desde un atroz asesinato cometido por un Rom de nacionalidad rumana a finales de octubre de 2007 (ver Statewatch news online, noviembre de 2007), y han abonado el terreno para unos acontecimientos criminales como la quema de un campamento Rom en Ponticelli en Napóles el 13 de mayo, tras un incidente en el que una chica Rom se vió acusada de haber intentado llevarse a un bebé de una casa de la zona en la que había entrado ilegalmente. Alrededor de 800 personas tuvieron que huir para salvarse, en medio de un gentío que celebraba su partida. Unos jóvenes ya habían lanzado cócteles molotov en campamentos en Milán y Novara dos días antes. Dos semanas más tarde, el campamento en Napóles ardió de nuevo. El 9 de junio, la prensa informó de la quema de un campamento en el que vivían alrededor de 100 Rom rumanos en Catania (Sicilia). El 25 de mayo, una chica Sinti en Brescia no fue al colegio después de que otros chicos la insultaron, llamándola una “sucia gitana, sucia secuestradora”.
La queja enviada al CERD (ver arriba) también destaca la falta de intervención por parte de las autoridades públicas y la policía para proteger los campamentos de posibles ataques, y para investigar los acontecimientos o enjuiciar a los responsables. Quizás, una de las iniciativas más reveladoras fue la protesta organizada por miembros del partido de Maroni en Mestre (Venecia) el 3 de junio de 2008, en contra de la construcción de unas viviendas para unas familias Sinti financiada por el ayuntamiento de Venecia. Este proyecto sigue la dirección requerida por organismos internacionales ante Italia desde hace varios años, es decir, mejorar las condiciones en las que viven los Rom y Sinti y reducir su marginalización. Un concejal de LN rechazó la medida por “tener costes que impedirán otras obras prioritarias”, y la presentó como una prueba de que para Cacciari (el alcalde veneciano) “los nómadas van por delante de los venecianos indigentes”. Cacciari contestó, aclarando que los miembros de la comunidad Sinti en cuestión son tan venecianos (de segunda o tercera generación) como los manifestantes, que sus adultos trabajan y sus niños van al colegio.
Las acciones del gobierno y los acontecimientos violentos que están sufriendo han provocado una movilización sin precedentes por parte de los Rom y Sinti en Italia. Hubo una manifestación en Roma el 8 de junio que, según algunos medios, contó con la participación de 20.000 personas (los organizadores dijeron que ya con 5.000 hubiera sido un éxito) en contra de la “exclusión, discriminación racial, persecución y abusos institucionales que sufren los Rom en Italia”. Hubo una aportación importante de la sociedad civil que incluyó a judíos que sobrevivieron al holocausto y antiguos partigiani. Activistas del Everyone Group afirmaron: “Hemos comprobado los datos del Viminal [el ministerio de interior]… el número de crímenes cometidos por personas de etnicidad Rom en comparación con el total es insignificante…”.
Un mes más tarde, el 10 de julio, se celebró una asamblea pública bajo el lema “Dosta” (Basta) organizada por la Federazione Rom e Sinti Insieme (una federación que se compone de representantes de las comunidades Rom y Sinti en Italia), una agrupación que nació recientemente para lograr la autorepresentación de estas comunidades. Hubo intervenciones por parte de conocidas personalidades Rom y Sinti, representantes de diferentes ciudades y campamentos, y oradores desde el extranjero. Su presidente, Nazzareno Guarnieri, criticó la política de campamentos y llamó a la participación activa de las comunidades para cambiar esta situación. Calificando la toma de huellas de un grupo étnico y de sus menores de “práctica racista y cobarde”, destacando que un censo puede afectar a una población en su totalidad o a nadie, y no a un sólo grupo étnico, miró hacia atrás, a la identificación y censo de los gitanos (Manouches) en Francia en 1912. Supuestamente, se realizó para saber cuántos eran, pero su efecto fue la creación de listados de los que se sirvieron más tarde los nazis para recoger a los Manouches y llevarles a la sección de gitanos en el campo de concentración de Birkenau. En una intervención interesante, un Rom de Macedonia dijo a los asistentes que en su tiempo, el entonces gobierno de centro-izquierda presidido por Massimo D’Alema apoyó el bombardeo de su hogar en Macedonia, donde vivía en una casa y sus hijos iban al colegio, antes de obligarle a vivir en un campamento cuando se le concedió el asilo en Italia. Siendo un Rom, las autoridades italianas consideraron que tenía que vivir en un campamento, aunque ni él ni los otros Rom macedonios tenían la costumbre de vivir en campamentos. También se subrayó que a pesar del énfasis que se está poniendo sobre la necesidad de expulsarles en la retórica que promueven las autoridades, una parte importante de los Rom y Sinti en Italia son ciudadanos italianos (algunos de ellos por varias generaciones, cuyas comunidades existen en Italia desde hace siglos), y muchos ya están inscritos en los anagrafe municipales, poseen documentos y trabajan. Las intervenciones de los representantes de campamentos en Turín y Pisa fueron muy reveladoras: el primero dijo que en su campamento, poblado en su mayoría por europeos del este, los que tenían documentos fueron expulsados y los demás tenían miedo a desplazarse, mientras que en el segundo caso, tuvieron miedo de viajar a Roma para participar en la asamblea. Con motivo de una semana antirracista organizada por ARCI la siguiente semana en Cecina (Toscana), la coordinadora del Partito delle Libertà (el del primer ministro) se encargó de caldear el ambiente, pidiendo al alcalde no permitir que el encuentro anual siga celebrándose allí ya que bajaría una “caravana de Rom” que podría hacer peligrar el turismo y la tranquilidad en la localidad. Aparecieron unos miembros de la mencionada federación, que presentaron un manifiesto político, explicaron su situación, debatieron con los asistentes, miembros de asociaciones y representantes de las autoridades locales, sin más problemas que los provocados por la alarmista queja de la concejala.

Una advertencia para Europa
Los acontecimientos analizados de forma rápida en este texto indican un intento de traducir en legislación una actitud según la cual los migrantes “ilegales” y los Rom/Sinti juegan el papel de cabezas de turcos de los problemas de Italia, que ha sido un aspecto clave de la campaña electoral y del debate político, codificándola al mismo tiempo en que se intenta negar que tenga contenidos racistas, inconstitucionales o que incumpla los instrumentos para el respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, a pesar del criterio étnico en que se basa la identificación de los habitantes de los campamentos Rom y Sinti, la respuesta del gobierno a las acusaciones que llegaron desde Bruselas y Estrasburgo ha sido la de señalar que es un intento de promover la escolarización de los menores, protegerles de la explotación y mejorar las condiciones sanitarias y la aplicación de los derechos humanos. Es una forma de esconder la naturaleza del ejercicio, es decir, la intimidación de estas comunidades, expulsando a los extranjeros cuyos documentos no estén en regla, y desalojándoles de forma integral cuando las condiciones de un campamento se consideran inaceptables. Ya que se aproxima una desaceleración económica global que afectará a varios estados miembros de la UE, y si estos países tienen una intención verdadera de no caer en un proceso por el que buscan sucesivamente a grupos a los que pueden denegar derechos humanos fundamentales (que, debemos recordar, se deberían entender como condiciones mínimas y no como privilegios excepcionales), les convendría analizar el caso italiano. La alternativa conlleva el riesgo de una incesante cesión de derechos a las autoridades públicas que, junto al aumento en sus poderes de vigilancia, identificación, control y sanción, puede llevar en la dirección de un autoritarianismo que resultará díficil de parar, una vez que se haya puesto en marcha.
Es conveniente acabar con una pregunta:
¿Se trata de una sociedad espantada y victimizada que se defiende, o de una sociedad que intenta tranquilizarse a través del empleo de la fuerza de sus instituciones para victimizar y hostigar a sus minorías visibles, intentando adquirir una sensación de seguridad por medio de la inseguridad de éstas?

Fuentes y documentos consultados
Decreto legge, 23 maggio 2008, n.92, “misure urgenti in materia di pubblica sicurezza”. http://www.asgi.it/content/documents/dl08052700.2008.d526.n92.dl.sicurezza.pdf
Gazzetta Ufficiale 31.5.2008, no. 127, Ordinanza del presidente del consiglio, (nos. 3676, 3677, 3678) Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lazio (Lombardia e Campania).
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2008, sobre el censo de la población romaní en Italia sobre la base del origen étnico.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0361+0+DOC+XML+V0//ES
Recurso del Progetto Diritti en contra de la declaración del estado de emergencia y las ordenanzas n. 3676, 3677 y 3678. 10 de julio de 2008.
http://www.progettodiritti.it/upload/ricorsorom.pdf
Decreto legge, Osservazioni sulle norme in materia di stranieri contenute nei provvedimenti del “pacchetto sicurezza” approvati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 maggio 2008 http://www.asgi.it/content/documents/dl08061200.asgi.pacchetto.sicurezza.2008.pdf
Dll Senato 692 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=85127&idCat=120
La sicurezza apparente, Magistratura Democratica y ASGI, 17 de junio de 2008.
http://www.asgi.it/content/documents/dl08061700.asgi.md.documento.17.6.08.4.pdf
Memorandum: Request for expedited engagement of follow-up procedure and/or urgent action/early warning procedure concerning Italy ICERD compliance, COHRE, OsservAzione onlus, ERRC, ASGI, European Roma Grassroots Organisation (ERGO), National Roma Centrum (NRC), O Del Amenca Cultural Centre, Policy Center for Roma and Minorities, Roma Center for Social Intervention and Studies, Roma Women Association in Romania, 11 July 2008
http://www.asgi.it/content/documents/dl08071100.italy.2008.cerd.follow.up.request.final.final.pdf
Speciale “pacchetto sicurezza” – Le nuove norme tra applicabilità ed efficacia, http://www.meltingpot.org/articolo12725.html
Action Plan from the Rabat Euro African Ministerial Conference on Migration and Development of 10-11 July 2006 http://www.statewatch.org/news/2006/aug/action-plan-rabat.pdf
Sucar Drom, 10.2.2008 http://sucardrom.blogspot.com/2008/02/berlusconi-tolleranza-zero-con-i-rom.html
Everyone Group, 9.6.2008
http://www.everyonegroup.com/it/EveryOne/MainPage/Entries/2008/6/9_Rom._A_Roma_in_20_mila_sfilano_in_corteo_contro_la_persecuzione_razziale.html
El Mundo, 13.7.2008,
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/13/internacional/1215944213.html
Migrationonline border blogs,
24.12.2007, http://www.migrationonline.cz/blogs/article/?x=2064879
25.2.2008, http://www.migrationonline.cz/blogs/article/?x=2077022
31.1.2008 http://www.migrationonline.cz/blogs/article/?x=2071701

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