Editorial

De aquellos polvos, estos lodos

Tras lo ocurrido en El Ejido el diagnóstico ha sido unánime: era una situación que se había venido gestando con anterioridad. Con la gravedad que tienen las agresiones multitudinarias a todo el colectivo de inmigrantes, el racismo y xenofobia más preocupante, y a lo que es preciso prestar atención, es a la política de inmigración que se está practicando y que permite incubar, e incluso alentar, estas reacciones. De qué hablamos:
Primero: No hay “milagro” en El Ejido, lo que hay son magrebíes o subsaharianos que trabajan en condiciones que los nacionales no soportarían: trabajo de sol a sol, en un horno de plástico, a 50º C, y por 500 ptas la hora, expuestos a intoxicaciones y consecuencias nocivas para la salud por efecto de los plaguicidas, con contratos (cuando existen) renovables cada mes y el finiquito firmado por adelantado, ignorando el convenio del campo; siendo lo habitual, la ausencia de contrato, sólo un acuerdo verbal que produce indefensión y sumisión, así como fraude a Hacienda.
Segundo: No ha fracasado la política de inmigración. Sencillamente, no existe ninguna política de inmigración que atienda a las necesidades en los terrenos de la educación, la sanidad, la vivienda, el ocio…, a su participación en definitiva en la sociedad de acogida como ciudadanos de plenos derechos. Y eso hablando, tan sólo, de la población “que tiene papeles”. En esta ausencia de política se dan la mano tanto la Administración Central como la Junta de Andalucía. Los programas sociales, cuando existen, no forman parte de la política oficial sino van vía ONGs.
Tercero: La Administración es cómplice de las situaciones de ilegalidad y explotación laboral. La Inspección de Trabajo avala la contratación ilegal, al no inspeccionar los lugares de trabajo, o cuando lo hace, avisa a menudo previamente al empresario, y cuando llega, supone con frecuencia la expulsión del inmigrante que no tiene papeles, lo que además garantiza la inpunidad del empresario que acaba sobreseido al llegar al juicio por incomparecencia del inmigrante que ha sido previamente expulsado. La dejación de responsabilidades alcanza también, claro está, a los sindicatos. La actuación mafiosa alcanza a agricultores, intermediarios y ETTs que cobran fuertes sumas por obtener precontratos de trabajo o permisos de residencia; sumas que pueden llegar al medio millón, que les van siendo descontadas del jornal.

Dicho esto, hay que llamar la atención, tal y como detallamos en este número, en que tras haber puesto la mayoría de agentes políticos y sociales el grito en el cielo, la política que se está consolidando en El Ejido es la misma que ha venido funcionando hasta el presente. Ninguno de los rasgos básicos, señalados anteriormente, ha variado. Hasta el punto que incluso en el terreno más visible, como el de la ubicación de las viviendas, ha salido adelante la marginación espacial que propugna su alcalde: los inmigrantes bien alejados del pueblo, considerados como mera fuerza de trabajo, de la que disponer temporalmente, y hacia la cual no es preciso diseñar ninguna política de inmigración digna de dicho nombre. Lo mismo cabe decir acerca de la impunidad de los agresores: a los 7.000 que participaron en los disturbios dicha actuación les ha salido “gratis”. Al igual que ninguna acción ha sido tomada contra la escandalosa “pasividad policial” (por dejarlo en ese término), cosa que se entiende ya que además de tener en esta ocasión “órdenes terminantes de no intervenir”, está acostumbrada (y en primer lugar la policía local) a tratar así a los inmigrantes. Todo esto cuando estamos hablando de lo que ha sido calificado como el mayor brote de violencia xenófoba en la España de la democracia. Por no hablar del papel de los medios de comunicación locales. La simple visión de lo que la televisión local emitió los dos primeros días de las agresiones ayuda a entender por qué las mismas adquirieron semejante amplitud. No es casual que buena parte de las televisiones locales estén en manos de una red muy fuerte de organizaciones agrarias.

Es necesario insistir en que la inmigración es un factor de desarrollo económico y social; que la inmigración laboral es necesaria y va a seguir siendo fomentada desde los sectores empresariales; que no es sólo mano de obra barata, son personas con sus aspiraciones, sus sueños y sus derechos; que es obligado reconocer los derechos de ciudadanía, al tiempo que se desvincula ciudadanía de nacionalidad; que el cumplimiento de las leyes obliga a todos y que con muchísima más frecuencia son los inmigrantes quienes sufren su violación antes que protagonizarla algunos de su miembros.

Un aspecto, sin duda novedoso, del actual conflicto ha sido el protagonismo que han tenido los propios inmigrantes a la hora de movilizarse contra las agresiones, de responder de forma organizada con la huelga, de articular un conjunto de reivindicaciones y de llevar estas propuesta a la mesa de negociación por medio de sus propios representantes. La indudable importancia que tiene este factor se ha encontrado con la incomprensión, cuando menos, del grueso de las organizaciones de solidaridad y sindicatos. El desencuentro ha sido tan fuerte que resulta obligado que sus protagonistas analizen las causas y avancen propuestas de cara al futuro.
¿En qué va a quedar todo esto? ¿Se van a quedar tirados? ¿No es obligado hacer de la cuestión de El Ejido el eje de actuación, a nivel estatal, de los organismos existentes (Foro de la Inmigración, Red Europea…)? No sólo es a la Administración a la que hay que exigir actuaciones, son las propias organizaciones de la solidaridad quienes han de implicarse, en la medida de sus posibilidades. De lo que allí resulte va a depender en buena medida el cómo se desarrollen los futuros conflictos, que sin duda habrá, dado que situaciones similares se están incubando en no pocos sitios. Lo que allí pueda aprenderse será pues de gran utilidad.
De que seamos capaces ahora de quitar estos polvos dependerá que cuando llueva la intolerancia y la xenofobia, no acabemos enfangados en los lodos del racismo y la insolidaridad.