Una regularización cerrada en falso

La Ley de Extranjería y su reglamento de ejecución han sido la columna vertebral de la política de inmigración y extranjería en los últimos veinte años en el Estado español, una de cuyas características principales es la de ser los instrumento normativos sobre los que se ha organizado la desigualdad de los y las inmigrantes que viven en este país. La Ley de Extranjería, que se aplica a las personas extracomunitarias, conforma un conjunto de normas y de prácticas legales encaminadas a organizar la desigualdad, la negación o la limitación de los derechos, la jerarquización de la sociedad en función del origen nacional de las personas, un sistema de apartheid legal que afecta a cientos de miles de personas. A su vez, la Ley de Extranjería construye para las personas extranjeras extracomunitarias un sistema administrativo y una forma de relacionarse con la administración, de carácter propio, específico, que no tiene en cuenta las transformaciones que se van dando en la sociedad en otros terrenos, diferente al de las personas autóctonas y los extranjeros comunitarios, con menos derechos, más gravoso, con peor trato.
Después de veinte años de Ley de Extranjería, de cinco procesos de regularización extraordinaria, de dos sistemas de cupo diferentes que ni canalizaron la entrada ni resolvieron el problema de la irregularidad sobrevenida, es hora de pararse a reflexionar sobre esa experiencia y abordar las cuestiones de extranjería con instrumentos nuevos que eviten la cronificación de la irregularidad.
La experiencia de estos últimos veinte años demuestra que todo ese discurso sobre las necesidades de la economía española determinadas por los diferentes ministerios que han tenido que ver con la inmigración y la consiguiente canalización de la entrada de esa mano de obra según esas supuestas necesidades, no es sino ciencia ficción. La contratación en origen y los cupos, han canalizado una parte ínfima de lo que actualmente trabaja y reside en España. El grueso ha venido por otros medios, ha conseguido un trabajo y se ha regularizado a partir de su estancia aquí. La contratación en origen es marginal, los cupos no sirven para lo que el Gobierno dice que deberían servir, y los visados de búsqueda de empleo no funcionan. En definitiva, la vida real ha ido por caminos muy diferentes a los proclamados por el Estado y por los dos partidos políticos que desde hace veinte años se han ido alternando en el gobierno del Estado.
La vigente Ley de Extranjería, aunque consensuada con el PSOE, fue obra en lo fundamental del Partido Popular. No tiene sentido que se mantenga lo que está sobradamente demostrado que no sirve para los fines que dice perseguir.
Tras una regularización que se ha cerrado en falso, dejando sin resolver la situación administrativa de más personas de las que cualquiera hubiera esperado desde el principio, hora es de abordar la reforma de una legislación de extranjería que evite tener que reconocer periódicamente su fracaso al verse obligada a emprender un nuevo proceso de regularización.