Sin papeles: tomar el destino en sus propias manos

Tenía que llegar. La creciente presencia entre nosotros de personas inmigrantes sometidas a duras condiciones de vida y de trabajo debido a la negativa por parte del Gobierno a otorgarles papeles ha dado lugar hasta ahora a la acción solidaria desde organizaciones autóctonas u organizaciones salidas de la propia inmigración legalmente establecida. Lo que ahora estamos contemplando es la movilización por parte de los propios inmigrantes sin papeles.
Así, en un vuelco sin precedentes del rol desempeñado hasta entonces, se hacen visibles, rechazando la imagen de clandestinos; se muestran como sujetos activos, no pasivos; son centro de atención, no olvidados; despiertan simpatías, no recelos; son ellos quienes deciden, no se decide por ellos; son ellos mismos quienes hablan de sus problemas, no son interpretados por otros; pueden expresarse más libremente al sentirse a salvo de la acción policial; ejercen unos derechos de reunión, asociación y manifestación que la ley les niega y, frente a la amenazada expulsión, sientan a la administración a negociar sobre su situación.
Su irrupción en la escena del debate sobre la legislación de extranjería ha contribuido además a dar unos contornos precisos, poniéndole rostros concretos, a una reivindicación, la de Papeles para todos y todas que en ocasiones se perdía en los vericuetos de las grandes estrategias alternativas a la legislación existente. De esta manera, han hecho posible romper los límites que hasta entonces había encontrado la labor de quienes denunciaban la actual legislación y prácticas de extranjería, dando una amplitud hasta entonces desconocida al movimiento de solidaridad.
Los acuerdos firmados con el gobierno han sido, sin duda, parciales y nada garantiza que éste vaya a cumplirlos. Es lógico pensar que para ello se necesitarán nuevas movilizaciones, tanto por parte de los propios inmigrantes sin papeles como por parte de la sociedad civil. Pero es evidente que el punto de partida ya no es el mismo.
Lo que es también seguro es que el Gobierno, pillado en falso a las primeras de cambio, al tener que volver sobre sus pasos y atender a necesidades que su ley rechazaba, tratará más pronto que tarde de mostrar su “autoridad” y poner en práctica la parte más represiva de la ley expulsando (a partir de junio, en palabras de Rajoy) a centenares, e incluso miles, de esas personas a las que ha condenado a la “ilegalidad”, lo que pondrá a prueba los recursos solidarios que la sociedad civil es capaz de activar para hacer frente a dicha política.