¿Quién crea alarma social?
“La inmigración es el problema número uno para la convivencia en España en la próxima década. Si ETA es un problema del siglo XXI, la inmigración será la piedra angular de la convivencia”. Es Mayor Oreja quien lo afirmaba el pasado mes de mayo. Era la tarjeta de presentación de la contrarreforma de la Ley de Extranjería que presentaba posteriormente en el Parlamento. Si el ministro encargado de las cuestiones migratorias es capaz de poner en relación de esta manera la inmigración y el terrorismo, no puede extrañar el carácter regresivo que presenta dicho proyecto de ley.
El alcalde de Santomera (Murcia), José Antonio Gil, del PSOE, tras la muerte de un inmigrante en una pelea con un compatriota, afirma que estos enfrentamientos se deben a que “…comparten una cultura totalmente diferente a la nuestra. Esto no ocurre entre nosotros, porque uno tiene un calentón y al poco tiempo se le pasa”. Aquí puede uno cargarse al vecino de un escopetazo por discutir sobre la eliminación del Madrid o del Barça,y no ser “propio de nuestra cultura”, cosa que se convierte en evidente si se trata de inmigrantes…
El pasado 20 de mayo, moría en la comisaría de policía de Arrecife, Antonio Augusto Fonseca ciudadano de Guinea Bissau, tras ser detenido y trasladado a comisaría en el maletero de un coche. La policía aseguró que la muerte se debía a la ingestión de drogas y presentó para ello un informe forense que afirmaba que la muerte se había debido a un edema pulmonar. Sin embargo el 23 de agosto la hermana de Augusto Fonseca denunciaba ante el juez que la muerte se debía a los malos tratos policiales. Para ello presentó los resultados de una segunda autopsia, encargada por la familia, en la que se demuestra que no existen rastros de consumo de drogas y que la muerte se debió a un fuerte golpe recibido en el cuello. Un testigo de la detención asegura que vio cómo los agentes daban puñetazos y patadas a Antonio Fonseca hasta que éste perdió el conocimiento. El ministerio del Interior, cómo no, asume la versión policial.
Algo no funciona en este país cuando desde las distintas administraciones del Estado, desde el Gobierno a una comisaría de policía, se producen manifestaciones tan lesivas para los derechos de los inmigrantes que contribuyen, además, a dibujar una imagen de la inmigración que sólo puede desatar los peores instintos xenófobos existentes en la población. Es así como, a fuerza de concebir la inmigración como control de flujos, y por ende de fronteras, tenemos una ley de extranjería y no una ley de inmigración.
Pero si la famosa frase del ministro es grave, más grave aún es la no respuesta de los diversos agentes sociales y políticos a semejante barbaridad. Los medios de comunicación apenas han criticado estas declaraciones, al igual que la clase política que, curiosamente, los dos temas en los que reclama un pacto de estado son el terrorismo y la discusión de la contrarreforma de la actual ley de extranjería
Previo a cualquier pacto de estado sería preciso un gran acuerdo de la sociedad en su conjunto para clarificar de una vez qué es lo que queremos para los inmigrantes. Si queremos igualdad de derechos habrá que aparcar el doble discurso y comenzar por un compromiso individual de reconocimiento del inmigrante como persona, no como mercancía o fuerza de trabajo. En esa labor explicativa y pedagógica es donde deberían poner su empeño, y acompasar su discurso, los políticos, medios de comunicación y demás agentes sociales, de forma que dejen de crear alarma social.
El ministro realiza un pronóstico a futuro: habrá más ataques racistas como los ocurridos en El Ejido. Hasta épocas recientes las mujeres no tenían derechos civiles ni podían ser ciudadanas en pie de igualdad con los hombres. En puertas del siglo XXI el único colectivo de personas a quienes se les sigue negando los derechos de ciudadanía son los extranjeros. Tenemos cien años por delante para que este reconocimiento se haga realidad y la frase quede en el anecdotario de las profecías que no se cumplieron.
