A veces resulta francamente difícil entender a la clase política.
Pensábamos que las encuestas eran decisivas a la hora de tomar sus decisiones. Pues va a ser que no, porque aunque la mayoría de personas encuestadas muestra su acuerdo con que el derecho a elegir y ser elegible en las elecciones municipales incluya a las personas inmigrantes que viven y trabajan aquí, los políticos no están por la labor.
Les oímos decir que hay que conseguir una sociedad integrada, y excluyen a una parte de la misma del ejercicio de los derechos políticos.
Proclaman la superioridad de la cultura occidental por su reconocimiento universal de Derechos Humanos, y se inventan el mecanismo de la “reciprocidad” (atípico en Europa) que condiciona el derecho de voto al lugar de origen.
Critican a los países donde no existen instituciones democráticas representativas, y penalizan a quienes provienen de dichos países, que nunca podrán aspirar a la famosa “reciprocidad”.
Estar integrado en un sistema social implica adquirir interdependencia dentro del mismo, e implica tener los mismos derechos y oportunidades que cualquiera de las personas con las que se interactúa socialmente.
El grado de integración tiene que ver con el estatuto cívico, con los derechos y obligaciones que se tienen en el conjunto social. Y ¿no es cierto que el estatuto cívico de una persona extranjera extracomunitaria que depende de un permiso para poder trabajar y vivir legalmente, y está excluida de los derechos políticos, se parece más al de un meteco que al de un ciudadano?