Ya está aquí la tan anunciada y temida crisis del sistema financiero internacional. El concurso de ideas para paliar la misma, dejando aparte la literatura con que se adorna, pasa siempre por apoyar y apuntalar a quienes están en el origen de la misma. Ningún atisbo de pedir responsabilidades a quienes con sus prácticas especulativas nos han conducido al actual desastre. Ningún cuestionamiento de las fortunas acumuladas con las mismas. Incluso el mantenimiento de unos niveles de retribución absolutamente escandalosos. Nada nuevo bajo el firmamento.
Y como no podía ser de otro modo, quienes sí van a verse apuntadas con el dedo acusador son esos cientos de miles de personas inmigrantes, responsables del incesante aumento de la riqueza española del último decenio. Hasta ahora nos venían de perlas. Según estimaciones gubernamentales han contribuido en un 30% al crecimiento del PIB en la última década y su contribución al sistema de Seguridad Social ha sido determinante para afianzar la solidez financiera del sistema, permitiendo retrasar en unos ocho años la fecha en la que en teoría habría entrado en crisis (de 2015 a 2023). Y, sin embargo, aceptábamos su presencia, haciéndoles creer, eso sí, que se debía a nuestra generosidad. Hasta llamábamos a nuestro mercado “sociedad de acogida”.
Pues bien, nos ha faltado tiempo para volver hacia ellas la mirada acusadora. Vuelta a decir que el trabajo es “nuestro”, de “los de aquí”. Así que si no hay trabajo, que se vayan. Y ha sido el ministro Corbacho quien se ha encargado de proporcionar el titular al proponer, bajo el título de política de retorno, unas medidas de capitalización del desempleo a las personas inmigrantes que se vuelvan a sus países de origen. Ya tenemos bendecida nuevamente la ecuación, por más falsa que sea, de paro e inmigración.
El resultado es que en esta situación de crisis y recesión económica la situación de doble dependencia, de los avatares del mercado de trabajo y de la sobrecarga administrativa que representa estar pendiente de un permiso de trabajo que hay que renovar, trae como consecuencia que una cantidad alta de personas esté perdiendo su permiso de trabajo y residencia porque no acredita el tiempo suficiente de cotización a la Seguridad Social exigido por la ley para poder renovar, lo que muestra que hay muchas personas establemente instaladas en situación de fuerte precariedad laboral.
Ante este panorama, hay que urgir a las fuerzas políticas, y en particular a los sindicatos, a no admitir el criterio de preferencia nacional; a exigir igualdad de derechos y de trato en todo lo que tenga que ver con las medidas contra el paro y la precariedad laboral. No vaya a ser que de las movilizaciones sindicales tras el lema “la crisis la paguen los capitalistas” pasemos (aunque no nos atrevamos a formularlo así) a “la crisis la paguen los inmigrantes.
