Expulsiones masivas. Cinco años después

Expulsiones masivas. Cinco años después.

Peio Aierbe

Exactamente cinco años después de que el Gobierno fletara un avión especial para expulsar a 103 inmigrantes subsaharianos, recurriendo incluso a administrarles en el agua un sedante (haloperidol), se vuelve a la práctica de la expulsión masiva. Nuevamente, desde el aeropuerto de Málaga. Esta vez fueron 37 inmigrantes nigerianos los que inauguraron la nueva época de expulsiones masivas. Pero detengámonos un momento en las características de los expulsados.
En su mayoría llevaban residiendo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta de seis a diez meses. Durante ese tiempo habían seguido clases de español así como cursos de formación profesional con la intención de posibilitar su integración en la sociedad española ya que habían recibido la promesa, engañosa como ahora puede verse, de ser documentados y enviados a la Península, al igual que antes había ocurrido con otros inmigrantes del CETI. Además, bastantes de ellos tenían ofertas de trabajo. Esto significa que, aplicando las directrices que se han acordado para el resto del Estado español, estas personas entraban dentro de los supuestos previstos para ser regularizadas. Pero el Gobierno ha seguido un criterio que ya hace tiempo emplea con Ceuta y Melilla, el de considerar a estas ciudades como unos grandes Centros de Internamiento de los que poder expulsar a las personas inmigrantes sin ningun control judicial. Hay que señalar que, en principio, el CETI no es un Centro de Internamiento, previo a la expulsión de ciudadanos extranjeros, sino que tiene como objetivo, según prevé su normativa reguladora, las funciones de atención, acogida, integración e intervención social de los extranjeros que se encuentren en él.
La realización de las expulsiones ha mostrado, con toda crudeza, el auténtico significado de lo que sobre el papel no son mas que meros artículos de una ley. Así, decenas de policías han irrumpido en cada ocasión en el CETI, dando escasamente una hora a las personas implicadas para recoger algunas de sus cosas y ser llevados detenidos hasta el Centro de Internamiento de Málaga, donde han permanecido custodiados hasta su expulsión, realizada con nocturnidad (a las once de la noche salían del Centro de Capuchinos y a la una de la madrugada del martes 15 de mayo despegaba el avión rumbo a Lagos). Las cuarenta personas solidarias que, a pesar de todo, se enteraron a tiempo y trataron de obstaculizar la expulsión fueron apaleadas por los policías que se abrieron paso a patadas, empujones y porrazos, lo que dejó un saldo de diez personas heridas. El número de policías que viajaron con los ciudadanos nigerianos para impedir cualquier resistencia, fue nada menos de 84, eso sí, convenientemente vacunados.

Aunque de manera algo más “discreta” el Gobierno ya había expulsado unos días antes a 60 inmigrantes senegaleses, desde el aeropuerto de Las Palmas directamente hasta Dakar, en cinco vuelos y en días sucesivos, desde el jueves 10 de mayo hasta el martes 15, el mismo día en que volaron a Lagos los nigerianos expulsados. En posteriores días, la cifra de expulsados llegó a 95. Merece la pena reseñar que estas 95 personas formaban parte de los 111 inmigrantes subsaharianos que llegaron a Santa Cruz de Tenerife el pasado 11 de abril, a bordo del buque Ashva, tras haber abonado cada uno medio millón de pesetas. Las imágenes de unos inmigrantes exhaustos, en unas condiciones higiénicas espantosas y a punto de morir de hambre impactaron en la opinión pública. Se habló de buque negrero… hasta hoy, en que sólo en pasajes, el Gobierno ha pagado cerca de doce millones para expulsarlos. Aunque no existe ningun tipo de acuerdo migratorio con Senegal, las expulsiones hacia ese país se producen con bastante frecuencia.

Abierto ya el camino, las expulsiones masivas parecen ir formando parte de los planes de la Administración. El martes 29 de mayo, la policía volvía a presentarse en el CETI de Ceuta para llevarse detenidos a comisaría a otros 18 nigerianos que, junto a otros seis del centro de franciscanos Cruz Blanca, acabarían en los Centros de Internamiento de Valencia (13) y Murcia (11). En una actuación que recordaba imágenes que hemos podido ver en el cine sobre campos de concentración, la policía, siempre al amparo de la noche, despertó a los subsaharianos, los alineó en el patio y procedió a leer los nombres de los que iba a llevarse detenidos. Uno de ellos pudo salir corriendo, saltar la verja y huir al monte. Ya en Valencia y Murcia, además de poner los correspondientes recursos para evitar su expulsión, se declararon en huelga de hambre y sed hasta que su abogado les convención de deponerla. El miedo a su expulsión incluye factores como el que, segun ellos, los 36 compañeros que fueron expulsados anteriormente, hubieron de pagar a la policía nigeriana para poder quedar en libertad.
Al cabo de una semana, el 5 de junio, nueva incursión policial, a primera hora de la mañana, en el CETI de Ceuta con idéntico propósito. El pánico es ya tal que se produjo una desbandada ya desde la noche anterior, cuando algunos vieron llegar a Ceuta los furgones de la Unidad de Intervención Policial. Otros, al llegar la policía escaparon a los montes cercanos. Quienes más se resistieron fueron un grupo de mujeres nigerianas, llegando a aferrarse desnudas a las vallas del centro, consiguiendo de momento evitar su expulsión. Hubo quien se autolesionó varias veces, lo que no evitó su expulsión, una vez atendido en el hospital. De la lista inicial que llevaba la policía, el número final de nigerianos que consiguieron llevarse fue de nueve que partieron rumbo a Alicante.
Al día siguiente, 6 de junio, la policía comenzó la operación de expulsión del total de 33 inmigrantes nigerianos sacados de Ceuta. Cuatro de ellos pudieron evitarlo, uno al tener suspendida su orden de repatriación; otro al ser hospitalizado como consecuencia de los golpes recibidos por la policía al resistirse a subir al autobús; otros dos lograron escaparse durante el traslado, rompiendo el techo del furgón policial que les trasladaba desde Murcia; los demás no tuvieron tiempo de hacer lo mismo y permanecieron durante una hora subidos al techo del autobús hasta que fueron obligados a descender por la policía y guardia civil ayudados para ello incluso de un camión de bomberos.

Curiosamente, en los mismos días en que la policía irrumpía en el CETI y se llevaba detenidos a Málaga a los 40 primeros inmigrantes nigerianos, el 2 de mayo, los periódicos reflejaban todo tipo de noticias y reportajes sobre la práctica de la ablación y Enrique Fernández Miranda, delegado para la Extranjería y la Inmigración y responsable, por tanto, de las expulsiones masivas, declaraba que el Gobierno acogerá y protegerá a todas aquellas inmigrantes subsaharianas y a sus hijas que soliciten residir en España por temor a ser sometidas a la mutilación genital en sus países de origen. Al mismo tiempo, los partidos parlamentarios rivalizaban en presentar propuestas de ley que castiguen la práctica de la ablación en España. Está claro que la opinión pública necesita verse retratada en actitudes humanitarias que contraste con la práctica real de una política de extranjería que sólo condena a la miseria y a la muerte a miles de inmigrantes que tratan de alcanzar nuestras costas.

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