Publicada 06 de Febrero de 2013 10:52

Nota de prensa de SOS Racismo Bizkaia

Por la dignidad de nuestros vecinos y barrios

• 41 vecinas y vecinos de Zorrozaurre denunciaron, mediante una carta, las humillaciones a las que agentes de la Ertzaintza habían sometido a personas que viven en una fábrica abandonada los pasados 17 y 18 de enero.

• Sos Racismo ha presentado hoy queja ante el Ararteko solicitando que se investiguen los hechos.

Según denuncian, en plena ola de frío y lluvia, los agentes arrancaron puertas y ventanas, agujerearon las endebles paredes para que entrase el frío, arrojaron sus pertenencias al suelo y rompieron sus objetos personales, voltearon los camastros, esparcieron crema de afeitar, champú y hasta lo que quedaba de comida en una cazuela por los colchones donde duermen, sacaron a la calle y tiraron a un charco las mantas y ropa dejándoles sin nada seco, estamparon contra el suelo las teles viejas y las improvisadas neveras y amenazaron con seguir haciendo lo mismo hasta que se fueran.

De acuerdo con la información publicada por Deia el 30 de enero, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco reconocía haber realizado las incursiones en el lugar donde estas personas viven. Se califica este tipo de actuaciones de rutinaria.

Según las mismas fuentes, los agentes no contaban con autorización judicial ni la actuación respondía a los supuestos permitidos por la Constitución para la entrada y registro en domicilio. (1)

(1)

El 15 de octubre de 2012 el Ararteko expresaba sus conclusiones respecto a una redada conjunta de policía municipal y policia nacional que ocurría el 15 de junio de 2011 en Zorrozaurre. El Ararteko consideró que el dispositivo policial no fue adecuado por:
• Las meras sospechas de que las personas con determinados perfiles étnicos y raciales fueran responsables de la realización de ilícitos penales o administrativos no son base suficiente para realizar una redada y proceder a la detención de personas.
• El pabellón en el que se alojaban era su domicilio sin que conste que hubiera autorización judicial para el desalojo o concurrieran otros requisitos.
• El desalojo forzoso de personas que se encuentran en situación de exclusión social grave sin un alojamiento adecuado debe desarrollarse teniendo en cuenta los principios de un Estado Social y de Derecho y los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos y sociales.
• Este tipo de actuación no casa con la política de inmigración que están desarrollando las instituciones vascas, incluido el Ayuntamiento de Bilbao