Publicada 13 de Mayo de 2016 09:24
El Ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha condecorado a los ocho guardias civiles que habían sido denunciados por maltratar a una persona en la valla de Melilla en un intento de entrada a España que se produjo el 15 de octubre de 2014. Esta distinción se produce pocos días después de que la Audiencia Provincial de Málaga archivara la causa penal que se había abierto contra ellos. Las cuatro entidades demandantes, Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Prodein y SOS Racismo, ya expresaron su rechazo a dicho archivo, denunciando la “escasa voluntad política, administrativa y judicial de esclarecer estos hechos y depurar las responsabilidades pertinentes” y recordaron que la causa aún está pendiente de resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Las entidades demandantes queremos mostrar nuestra indignación por el simbolismo que se esconde tras esta condecoración, ya que, según el Ministro del Interior, resulta penoso que la sociedad civil fiscalice la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, hasta el punto de juzgar oportuno que los agentes cuyas acciones son cuestionadas reciban como compensación la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Nos preocupa que esta actuación del Ministerio del Interior tenga como objetivo criminalizar la denuncia y la petición por parte de la ciudadanía de que se investiguen los hechos. Igualmente no podemos dejar de recordar que el principal motivo para el archivo de la causa por la Audiencia fue la falta de pruebas, cuando precisamente los migrantes implicados no pudieron testificar al haber sido expulsados por el propio Ministerio del Interior.
Asimismo, consideramos que la distinción es precipitada y una falta de respeto, ya que la causa aún está pendiente de resolución en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde sí se ha permitido la investigación de las expulsiones colectivas prohibidas por el Convenio Europeo, así como una vulneración del Art. 3 por trato degradante-. Es llamativo que el estado español haya pedido en dos ocasiones una ampliación del plazo para formular alegaciones, lo que retrasará la resolución por parte de Estrasburgo.
Finalmente, nos preguntamos qué sucederá en caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decida condenar a España y si se ha reflexionado acerca de cuáles serían las repercusiones respecto a estas condecoraciones y a la responsabilidad política del Ministerio del Interior.
MIGREUROP España (Andalucía Acoge / Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía / Comisión Española de Ayuda al Refugiado / ELIN / Federación estatal de asociaciones de SOS Racismo) y PRODEIN
