Publicada 07 de Enero de 2020 08:25

 Nos hemos adherido a este comunicado.

En el día de ayer, tres de enero de 2020, un grupo de 42 personas migrantes, entre ellas veintiséis mujeres y dos niños de 3 y 4 años, llegó a la Isla Congreso del Archipiélago de Chafarinas de madrugada. Esa misma tarde, la guardia Civil ha realizado la devolución sumaria de las 42 personas migrantes. En esta ocasión el Gobierno de España ha permitido la devolución en caliente de menores y mujeres vulnerables.

Actualmente, la Delegación del Gobierno de Melilla ha confirmado tal devolución, argumentando que la embarcación nunca llegó a pisar la Isla. Sin embargo, desde las organizaciones de Derechos Humanos tenemos constancia de que estas 42 personas llegaron a Chafarinas a la madrugada y que no fueron asistidas hasta que fueron devueltas a Marruecos, pese a que había personas heridas y “uno de los niños estaba muy enfermo”.

Las organizaciones de derechos humanos firmantes consideramos que estamos ante una grave vulneración de Derechos Humanos. Una práctica ilegal como ha señalado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en repetidas ocasiones. Vulnera también la propia disposición primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues las personas no han tenido acceso a letrado, ni a intérprete, ni se ha tramitado proceso administrativo de expulsión o devolución, incumpliendo las mínimas garantías que establece la normativa. El control de fronteras y la contención de flujos migratorios no puede en ningún caso incumplir la legalidad vigente.

Dada esta situación, exigimos el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas por vulnerar el derecho fundamental de toda persona que pueda ser objeto de persecución a ser informada de su derecho a pedir protección internacional o asilo. Y por tanto, exigimos que se lleve a cabo la correspondiente investigación por los hechos acontecidos.

Asimismo pedimos a la nueva coalición de gobierno que no olvide para su investidura que:

• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por esta práctica en 2017, con una sentencia que evidenció la ilegalidad de las devoluciones sumarias y la imposibilidad de su cobertura a través de la disposición adicional décima incorporada a la Ley de Extranjería a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es urgente derogar esta disposición adicional y cesar esta práctica ilegal que viene realizándose en Frontera Sur desde 1995. Reclamamos además al nuevo gobierno que retire el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado ante la condena del TEDH.
• Respecto a los procedimientos llevados a cabo en frontera, reclamamos que en su ejecución esté asegurado un proceso con todas las garantías, centrado en el reconocimiento de las necesidades de las personas migrantes y basado en el principio de no devolución, recogido en los códigos internacionales y uno de los pilares de la Convención de Ginebra de 1951.
• Rechazamos la externalización de fronteras como política migratoria, con la que nuestros gobiernos pretenden delegar la responsabilidad de las vidas de las personas migrantes a los gobiernos de países de tránsito donde, en la mayoría de los casos, no se respetan los derechos de las personas.

 Aquí está el formulario de adhesión y en el texto completo se encuentra una cronología detallada de la situación.