Publicada 18 de Diciembre de 2015 10:39
Fuente: Migreurop
Con motivo de su décimo aniversario, la red Migreurop se reunión el pasado fin de semana en Calais para apoyar a las personas exiliadas retenidas en los cepos de Calaisis, así como a las personas militantes y organizaciones comprometidas en las luchas contra las políticas de caza a las personas migrantes practicadas por los Estados francés, británico y por la Unión Europea (UE).
Estos tres días de debates con militantes llegados de toda Europa, de Turquía y de África han concluido con un diagnóstico compartido. La fortificación del puerto de Calais y del Eurotunel, apoyado en un incesante acoso policial, obligando a las personas que intentan llegar a Gran Bretaña a hacerlo en condiciones de “clandestinidad” siempre más peligrosas. Se trata de una de las múltiples variantes de una política practicada en todas las fronteras de Europa para impedir la circulación de las personas exiliadas. Va acompañada a menudo de condiciones de vida miserables y de una guetización que les criminaliza (por prohibiciones y controles abusivos) y les aísla de la población y de la solidaridad cercana. Estos campos y otras chabolas son fruto de las políticas europeas continuamente reafirmadas, pese al fracaso en las estrategias de controlar a las personas migrantes: la utopía de fronteras abiertas exclusivamente para las personas privilegiadas de la mundialización conduce a la institucionalización del maltrato de las personas exiliadas y no a acabar con el exilio…
Los dispositivos de vigilancia y de control (vallas de Ceuta y Melilla, o a la entrada de Macedonia, muros en las fronteras greco-turca y serbo-húngara, patrullas de la agencia Frontex y operación Sofía en el Mediterráneo…) están dirigidas a mantener a las personas migrantes lejos de Europa. Complementan las políticas de no concesión de visados y de cooperación con los llamados países de origen –incluidos los más dictatoriales- para que impidan las salidas. Los derechos fundamentales de millones de personas, en especial quienes buscan asilo, son así negados. A falta de vías legales de acceso al territorio europeo, son condenadas a persecuciones policiales, a la explotación de su miseria por mafias, y a la supervivencia en condiciones de extrema precariedad. Estas últimas no pueden sino agravar los traumatismos producidos por las guerras y violencias múltiples a las que estas personas exiliadas intentan escapar.
En el Calaisis, la doble barrera jurídica del tratado de Touquet (que fija las condiciones de la subcontratación a Francia del control de la frontera británica) y del reglamento de Dublín III (que obliga a quienes solicitan asilo a hacerlo en el primer país de la UE que atraviesen) hace imposible que las personas provenientes de Sudán, Siria, Irak, Eritrea, Afganistán… pidan asilo en el Reino Unido. En 2014, el Reino Unido recibió tan sólo 30.000 de las 630.000 solicitudes de asilo registradas en la Unión Europea. Este número, a la baja desde hace años, no será superior en 2015, pese a que las llegadas en la UE han conocido un aumento calificado de “histórico”.
La situación que conoce el Calaisis desde hace 20 años (el campo de Sangatte “cerrado” en 2002 se había abierto en 1999) es sintomática de las políticas que propugna con una ceguera persistente la Unión Europea. Así, los proyectos de “hospots” y de “processing centres” se traducirán inevitablemente, si llegan a ponerse en práctica, por la creación de inmensos centros de encierro en Italia y Grecia así como en Níger y Turquía. La “retención”, lo más lejos posible de la mirada de la sociedad civil, es el horizonte último de las políticas migratorias de la Unión Europea: a fuerza de filtrar a las personas migrantes, llega a violar los derechos humanos más fundamentales, incluso a provocar la muerte de numerosas personas exiliadas.
La red Migreurop reafirma solemnemente que el respeto de los derechos y de la dignidad humana exige que cese toda forma de encierro y de guetización de las personas que ejercen su derecho a abandonar su país. Las condiciones de una acogida digna, en el Calaisis y en otras partes, pasan también por la abolición del reglamento de Dublín y de su cortejo de expulsiones forzadas. Deben finalizar los múltiples controles ligados a los acuerdos franco-británicos (como el de Touquet) que han transformado la frontera en cierre en lugar de convertirla en un sitio de paso legal y protegido.
18 diciembre 2015
