21 de noviembre de 2006

La reforma de la Ley de Extranjería llevada a cabo en el año 2003 por el PP con el acuerdo del PSOE, conllevó la modificación del Código Penal en materia de delitos cometidos por ciudadanos extranjeros. Lo anterior no hizo más que consolidar el apartheid jurídico al que se ven sometidas las personas inmigradas que residen en nuestro territorio, especialmente las que se hayan en situación administrativa irregular.

Con esta reforma, se introdujo la obligatoriedad para los Jueces de sustituir las penas privativas de libertad inferiores a seis años por la expulsión del territorio español, siempre que la persona condenada estuviera en situación administrativa irregular en nuestro territorio (lo que acarreaba otra sanción más, como es la prohibición de entrada en el territorio español durante 10 años).

Todo lo anterior implicaba la vulneración flagrante de uno de los principios vertebradotes de nuestro Estado de Derecho, como es el principio de igualdad ante la Ley, en la medida que en función del origen de las personas, se aplicaban unos criterios distintos ante la comisión de un delito (castigado con una pena privativa de libertad inferior a seis años).

Estas reformas se realizaron en un contexto político en el que había una clara voluntad de vincular inmigración con delincuencia, como lo mostró la aprobación en aquel momento de la “Ley de medidas en materia de violencia doméstica, inseguridad ciudadana e integración social de inmigrantes”, título claramente discriminatorio que obedecía a este objetivo. Esta voluntad política tuvo y tiene unas pésimas consecuencias sociales, ya que parte de la ciudadanía ha ido interiorizando estos argumentos contribuyendo así a las manifestaciones de racismo social.

Hoy, valoramos positivamente la propuesta de reforma del PSOE de los preceptos anteriores, en la medida que no da carácter obligatorio a la sustitución de la pena privativa de libertada (inferior a 6 años) por la medida de expulsión, pero sigue preocupándonos que lo anterior quede a discreción total del Juez que conozca del asunto ya que: sigue vulnerándose el principio de igualdad ante la Ley (lo único es que no de manera sistemática, sino a arbitrio del Juez que conozca del asunto), sigue existiendo la posibilidad de sustituir una sanción penal por una sanción administrativa y lo anterior, sin entrar a valorar las condiciones personales del penado.
Ante este leve cambio de trayectoria en la política del PSOE, es de destacar la insistencia del PP en su discurso racista y xenófobo, que reitera una y otra vez la vinculación entre inmigración y delincuencia, como lo demuestran las imágenes del vídeo difundido para denunciar el supuesto deterioro de la seguridad ciudadana en nuestra sociedad, sin que ningún grado de responsabilidad marque su papel en la oposición.
Por todo ello desde SOS Racismo exigimos que se continúe trabajando con la voluntad de reformar este marco legal discriminatorio que desde años consolida un apartheid jurídico en función del origen de las personas residentes en el Estado español, vulnerando un principio fundamental democrático: la igualdad ante la ley.

Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español