CONTRA LA EXCLUSIÓN, POR LA IGUALDAD

Un año más, esta vez el domingo 30 de marzo de 2008, celebraremos la XI Marcha de Trintxerpe a Donostia contra las diferentes formas que adquieren el racismo, la xenofobia y la discriminación de las personas por su origen nacional, o particularidades físicas o culturales.
Discriminar a las personas en función de su procedencia, negarles derechos por su condición de extranjeras, es una práctica muy poco recomendable, que pretende negar nuestra común pertenencia al género humano y nuestra común pertenencia a la sociedad en la que por diferentes circunstancias nos ha tocado vivir.
Pero esa práctica se convierte en muy problemática cuando está impulsada por las instituciones, por el Gobierno del Estado, cuando adquiere la condición de una política. Y eso es lo que pasa actualmente, entre otras, con la política social impulsada desde el Estado y el no reconocimiento de los mínimos derechos de ciudadanía.
En efecto, en los últimos meses, desde el Gobierno del Estado se han impulsado medidas en el terreno de favorecer la natalidad abonando a los padres una cantidad de 2.500 euros por hijo o hija nacida. De esa medida han sido excluidas las parejas extranjeras residentes aquí, o se les han impuesto condiciones especiales, distintas a las autóctonas, para acceder a ese derecho.
Y lo mismo ha ocurrido con las ayudas para abonar el alquiler de las viviendas para las personas jóvenes. A los y a las jóvenes extranjeras se les exige disponer de un permiso de residencia permanente, permiso que en la letra de la ley se alcanza a los cinco años de residencia legal y que, en la práctica, en la mayoría de los casos, se alcanza después de siete u ocho años de estancia. En este caso, además, lamentamos la incapacidad demostrada por el Gobierno Vasco para llevar a la práctica lo que su Plan de Inmigración le exigiría. La “ciudadanía inclusiva” en la que dice basarse el Plan tiene que ser algo más que una palabra, demostrarse en los hechos.
No es nuestra pretensión discutir si ese tipo de ayudas son buenas o malas, sino el hecho de que una vez puestas en marcha, a una parte de la población realmente residente se le excluya o se le pongan más trabas para acceder a las mismas.
Esa es una mala práctica gubernamental: extender la discriminación de las personas extranjeras al terreno de lo social, creando categorías diferentes de personas a la hora de acceder a derechos y prestaciones sociales. Las políticas discriminatorias crean y legitiman prácticas sociales de discriminación, y refuerzan la xenofobia y el racismo social.
Por todo ello, este año 2008, además de decir no al racismo, a la xenofobia, al no reconocimiento de derechos políticos, y a la Ley de Extranjería, queremos decir no a las políticas que discriminan en materia de derechos sociales.
Reivindicamos la igualdad de derechos de todas las personas que vivimos en este espacio político y social, convencidos de que no hay integración que merezca tal nombre si el Gobierno persiste en la política de discriminar socialmente y negar los mínimos derechos de ciudadanía a las personas extranjeras.