El nuevo racismo de la vieja Europa

El año 2009 comenzaba con la publicación, apenas unos días antes, en el Diario Oficial de la Unión Europea (24 de diciembre) de la Directiva 2008/115 de retorno, aprobada por el Parlamento Europeo el 18 de junio en medio de una fuerte polémica. Pocas directivas europeas han tenido tanta repercusión mediática por lo que poco cabe añadir a lo ya dicho. Sin embargo, merece la pena detenerse en uno de los argumentos esgrimidos por los parlamentarios socialistas en la eurocámara y por el propio gobierno español, para justificar el voto a favor de esta directiva señalando que la intención del gobierno no era trasponer los mínimos que fijaba la directiva y que, por el contrario, servía para que algunos países adecuaran su legislación en aspectos en los que se contemplaban medidas más estrictas que las recogidas en la Directiva.
Este argumento, además de resultar simplista puesto que no asegura que otro gobierno sí vaya a trasponer a la legislación interna el contenido de la directiva, lo que realmente refleja es que estas normas se someten a una dura negociación entre Estados, dado que en la mayoría de ocasiones se precisa el acuerdo unánime de los 27 para su aprobación. De ahí que en el año 2009, las directivas aprobadas más reseñables en el ámbito de la política migratoria recojan a la baja las garantías y derechos de la población inmigrante y por el contrario, refuerzan «al alza» las sanciones y limitaciones en el derecho de entrada y desplazamiento dentro de la Unión. A este respecto, cabe citar la Directiva 50/2009 sobre empleo altamente cualificado (la llamada Tarjeta Azul), que viene a ampliar la brecha existente entre la migración «deseada « y la «soportada» y que tan gráficamente expuso en su día el hoy presidente de Francia Nicolas Sarkozy y que inspira el pacto de Inmigración y Asilo. Destacar igualmente la Directiva 2009/52 sobre sanciones a empleadores de inmigrantes en situación irregular que pretende atajar un problema que afecta a entre 4,5 y 8 millones de personas que trabajan de manera irregular en la UE, acudiendo al último eslabón y sin detenerse a reflexionar sobre las razones últimas de la irregularidad en Europa. Citar, por último, el Reglamento 810/2009 por el que se aprueba el Código de Visados y que cierra el círculo iniciado por el Código de Fronteras Schengen y continuado por el Sistema de Información de Visados (VIS).
Pero sin duda, el acontecimiento de mayor relevancia en la política migratoria europea tiene lugar a finales del año 2009 con la aprobación del Programa de Estocolmo 2010-2014. Si bien el Programa pone en primer plano los derechos de ciudadanía, la práctica llevada a cabo desde el primer programa plurianual de este tipo (Tampere) y el predecesor del actual (La Haya) lo que vienen a demostrar es que las acciones que se desarrollan con mayor intensidad y detalle son las referidas al control de flujos. Una prueba de todo ello la tenemos en la propuesta de Directiva sobre discriminación múltiple cuyo primer texto data del año 2008 y no ha sido hasta abril de 2009 que el Parlamento Europeo ha dado su visto bueno, si bien todavía el Consejo no ha aprobado el texto final. Esta Directiva podría ser de gran importancia para la lucha contra la discriminación, pero adolece de una importante falta de concreción al no recoger de manera expresa la figura de la discriminación múltiple. En materia de integración, la Conferencia de Berlín de junio de 2009 ha tenido su continuidad bajo la presidencia española de la UE con la cumbre de Zaragoza celebrada en el mes de abril del presente año. La integración desde la óptica de la UE sigue sufriendo de una importante esquizofrenia, que se plasma en la radical diferencia entre los planteamientos teóricos y la práctica desarrollada por los diferentes países que adoptan una integración coercitiva y unidireccional. Las posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa y la necesidad vista en Zaragoza de adoptar indicadores de integración, deberían dar un impulso a esta materia.
Lo cierto es que los tímidos avances en materia de defensa de derechos se terminan aquí, puesto que el resto de actuaciones llevadas a cabo en el año 2009 ahondan en medidas restrictivas: acuerdo de readmisión con Pakistán, creación de la Oficina Europea de Asilo, etc. Medidas que dejan un lastre de muerte y dolor en el intento de cruzar la frontera. Y a este respecto, no podemos dejar de llamar la atención sobre el que probablemente haya sido uno de los naufragios más grandes de la historia moderna de la inmigración en Europa, que tuvo lugar el mes de marzo a 30 kilómetros de la costa de Libia: de los tres barcos que salieron de Libia, dos se hundieron y el tercero desapareció. Las cifras provisionales hablan de 23 sobrevivientes, 21 cadáveres recuperados y más de 500 personas desaparecidas. La militarización de las fronteras, las leyes de asilo, las políticas de detención, las deportaciones y las sanciones de los transportistas hacen que las muertes ya no sean incidentes aislados sino todo un síntoma de políticas que ya no contemplan la humanidad de quienes huyen de sus países natales. UNITED contabilizaba en mayo de 2009, con nombres y apellidos, 13.250 personas que han muerto intentando alcanzar Europa desde 1993.
Pero lo que ocurre en Bruselas no es sino un reflejo de la política de los Estados miembros de la Unión. En esa disputa en la que parecen haberse empeñado los Estados en promulgar las leyes más duras, Italia ocupa uno de los puestos de honor con la aprobación en el mes de julio de la Ley de Seguridad que convierte en delito la inmigración irregular, limita la reagrupación familiar y convierte al inmigrante irregular en una especie de zombi despojado de los más elementales derechos humanos. Italia, cuyo acuerdo de readmisión con Libia entró en vigor en mayo, ocupa el triste honor de haberse convertido en vanguardia de actuaciones que luego son seguidas por otros Estados: desmantelamiento de campamentos gitanos, creación de patrullas ciudadanas, etc. Al hilo de lo anterior, Francia será recordada en 2009 como el año en que el ministro de inmigración Eric Besson desalojó a más de mil personas del tristemente famoso Campamento de Calais
Este bloque dedicado a Europa debe hacer una referencia obligada a las elecciones al Parlamento Europeo celebradas entre los días 4 y 7 de junio en las que cabe destacar que a pesar de los descensos en Francia y Bélgica, la derecha más racista y xenófoba obtiene representación en el parlamento europeo en 12 países de la UE. Tal vez algo haya tenido que ver la campaña institucional que estigmatizaba el fenómeno migratorio de una manera absolutamente impropia de una institución como es el Parlamento Europeo. Con este tipo de mensajes no es de extrañar que el aumento del racismo sea un hecho constatable en Europa. Como muestra el estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre discriminación en el que se señala que una de cada tres personas encuestadas musulmanas había sido víctima de discriminación y el 11% había sido objeto de delitos racistas. La islamofobia ha alcanzado su punto culminante en 2009 con la celebración en Suiza, en el mes de diciembre, de un referéndum en el que se votó a favor de prohibir los minaretes en las mezquitas.
Para poner coto a las actuaciones racistas e impulsar una concienciación ciudadana, las políticas institucionales están muy lastradas por otras cuestiones políticas que nada tienen que ver con la lucha firme y comprometida contra el racismo. 2009 ofreció una clara muestra de todo ello con la celebración en el mes de abril, en Ginebra, de la II Conferencia Mundial del Racismo, un fracaso estrepitoso y un triste espectáculo que a nadie favorece y que nos perjudica a todas y todos.

A España le sobran inmigrantes y le faltan derechos
Al hilo de lo anterior, y descendiendo al ámbito del estado español, cabe destacar la elaboración durante 2009, y aprobación ya en el año 2010, del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012. Un plan con luces y sombras, sobre todo en el ámbito educativo, y que en este Informe es analizado por la politóloga Manuela Fernández.
Y siguiendo en el estado español, cabe mencionar la puesta en marcha del Consejo de No Discriminación por Origen Racial o Étnico, ahora adscrito al Ministerio de Igualdad, pero que aún no está operativo, por lo que el estado español se encuentra entre los cuatro únicos países de la UE que no tienen un órgano nacional de igualdad que publique datos estadísticos sobre denuncias de racismo. Por otro lado, sigue adoleciendo (tal y como ya advirtió en su día el propio Foro para la Integración Social de los Inmigrantes), de un carácter excesivamente institucional. En lo que a control de fronteras se refiere, el Informe de la APDHA de Andalucía contabilizaba en 206 los muertos o desaparecidos en 2009, que si bien, en comparación con los 581 de 2008 se aprecia un descenso, ello no debe invitar al optimismo pues siguen siendo cifras escandalosas y hay que tener en cuenta el alto número de detenciones y el paulatino traslado del drama migratorio desde Canarias al mediterráneo.
Por otro lado, este Informe presta una especial atención a una de las partes menos conocida y más oscura de la política de extranjería, la de los Centros de Internamiento. A finales del año 2009, dos informes, elaborados uno por Ferrocarril Clandestino junto con SOS Racismo y Médicos del Mundo, y el otro por CEAR, sacaban a la luz la vergonzosa situación de los CIES, el limbo jurídico en el que se encuentran las personas ahí encerradas y cuya estancia se alarga ahora a sesenta días tras la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería. Durante el año 2009 se debatió también el proyecto de reforma del Código Penal destacando un aspecto que afecta directamente al fenómeno migratorio, el top manta. Finalmente, esta actividad pasa de delito a falta pero queda sin resolverse otras cuestiones como las altas multas que se contemplan en la nueva normativa y de las que da cuenta este Informe en un artículo de reflexión la profesora Margarita Martínez Escamilla.
La policía, además de perseguir el top manta, denunciaba a comienzos de año a través de sus representantes sindicales la existencia de determinados cupos de detenciones de personas extranjeras. Y aunque todo ello fue inmediatamente desmentido por el ministro del interior, no deja de resultar paradójico que en estos días los medios de comunicación se centren en la ley aprobada en el Estado de Florida y critiquen que esta ley permita la detención de una persona únicamente por sus rasgos de inmigrante. Pues bien, eso fue lo que hizo exactamente la policía en el año 1992 a una ciudadana española, Rosalind Williams. Y tras agotar todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Constitucional que declaró correcta la actuación policial, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó en el mes de agosto que esa detención había sido discriminatoria. Este tema lo unimos con el de los abusos policiales que en el año 2009 continuaron siendo noticia, en especial en Cataluña.
Las agresiones explícitas a la población inmigrante son obra, en la mayoría de ocasiones, de grupos nazis y de extrema derecha. Según una encuesta del Instituto de la Juventud, que se daba a conocer a comienzos del año 2009, el número de jóvenes afines a partidos racistas se duplica en sólo cinco años, de manera que si en 2003 el 7% manifestaba estar dispuesto a apoyar a uno de estos partidos, ahora lo haría el 14%. Contabilizar este tipo de actuaciones es difícil, dado que el estado español forma parte del grupo de seis países de la UE que no recopilan ni publican datos oficiales sobre delitos racistas. Y todo esto ocurre en un país en el que según el Informe Raxen se producen 4.000 agresiones racistas al año, hay más de 200 webs xenófobas, más de 10.000 ultras y neonazis y más de 80 personas muertas desde 1992, víctimas del odio. Aunque sentencias como la dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, en octubre de 2009, que condena al autor de la muerte del joven Carlos Palomino a 26 años de cárcel con la agravante de discriminación ideológica (recientemente ratificada por el Tribunal Supremo) suponen un tímido avance en la lucha contra los delitos racistas, es claro que queda mucho terreno por recorrer y, sobre todo, desde las instituciones y entidades deportivas. Las anteriores peticiones resultan más apropiadas si cabe en los actuales tiempos de crisis económica en los que cabe culpabilizar a la inmigración de todos los males del país: inseguridad ciudadana, violencia machista, paro, etc.

Racismo institucional y estado de opinión
De aquellos barros, estos lodos.

Y es que seguridad e inmigración son dos elementos muy presentes en el discurso de la clase política, que en tiempos de crisis adopta formas extremas de claro tinte xenófobo. Pero este discurso comienza en el gobierno con las repetidas declaraciones del ministro Corbacho a lo largo del año 2009 insistiendo en que en este país ya no cabían más inmigrantes. Continúan con los representantes del Partido Popular, que en una estrategia irresponsable del «yo más» reclama más medidas policiales y dibuja un cuadro de caos y desorden. Y finalmente, los partidos minoritarios en el ámbito municipal (Plataforma Per Catalunya y otros) pescan en el río revuelto adoptando el discurso auténtico del racismo populista e irresponsable. El anterior proceso no es ajeno a las propuestas normativas que se establecen a golpe de telediario. En particular, y aunque su elaboración trasciende al acontecimiento puntual, la modificación de la Ley de Extranjería a finales de 2009 es un ejemplo de lo que comentamos. En otro momento se ha desarrollado ampliamente la valoración que hace SOS Racismo de esta nueva Ley (ver documento «Viejos remedios para nuevas realidades»). Ahora nos centramos en un aspecto concreto que sirve para ilustrar el anterior razonamiento. La nueva ley prevé sancionar a quien empadrone a un inmigrante sin ser su domicilio habitual. Esta nueva infracción, además de tener un efecto disuasorio entre la población autóctona dispuesta a ayudar a las personas con dificultades para empadronarse, supone (dicho en palabras de Antonio Izquierdo) dinamitar el puente a la regularidad a través del arraigo, la única vía que hoy en día existe para conseguir papeles, pero que precisa probar a través del empadronamiento tres años de estancia en el país. Y por último, esta medida anima a que municipios como Vic abran falsos debates sobre el empadronamiento de personas en situación irregular que han dejando un poso de rechazo en la opinión pública hacia la población inmigrante.
En el Informe 2009 sobre «Evolución del racismo y la xenofobia en España» del OBERAXE, se constata que para la población en general, tener un contrato de trabajo es el criterio que se prioriza para la regularización de inmigrantes; en cambio, su no tenencia eleva la desaprobación de su presencia. Lo que este Informe y otros indican es que la mirada que la población tiene del la inmigración es bastante utilitarista. Por ejemplo, este estudio que comentamos constata un ascenso en la opinión favorable a la devolución (a su país de origen) de los inmigrantes que no tengan regularizada su situación en el país; también, de los parados de larga duración, aglutinando a cuatro de cada diez encuestados. Por otro lado, lo que indican las encuestas es que además de utilitarista, la población tiene una visión claramente unidireccional del fenómeno migratorio, de manera que corresponde al inmigrante adaptarse al país de acogida, pero este proceso de adaptación se hace sin ofrecer a cambio herramientas para ello, en definitiva, integración sin derechos. Esto es lo que viene a decir el OBERAXE, en su Informe, al señalar que desciende la opinión favorable a la concesión de derechos sociales y de ciudadanía.
Un colectivo, el de las personas inmigrantes, que según el Informe sobre inmigración y mercado de trabajo 2010 a finales del año 2009 tenía una tasa de desempleo del 29,7% frente al 16,8% de la población autóctona. En este contexto de crisis económica lo que se necesita es un tratamiento político del tema hecho desde la cordura y el realismo, y no desde el populismo xenófobo. En el Informe que presentamos se recogen problemas con trabajadores temporeros en Jaén y Lleida, aumento de la economía sumergida como consecuencia del aumento de la inmigración irregular y, como dato especialmente preocupante, el aumento de la llamada irregularidad sobrevenida, es decir, personas que estando en situación regular no han podido renovar sus permisos, arrastrando en muchos casos a esa situación a toda la familia, que estaban bajo ese permiso que desaparece. Y la respuesta de la nueva Ley de Extranjería es seguir vinculando la residencia al trabajo, en un binomio diabólico que genera empleos ficticios, con el único fin de mantener la residencia. El Reglamento que debe desarrollar esta nueva ley tiene un margen estrecho para cambiar esta situación absolutamente desfasada y perversa para una población inmigrante que tiene un proyecto de permanencia en el país y que, coyunturalmente, pasa por una época de profunda crisis económica.
Lo ocurrido en Inglaterra en el mes de febrero de 2009 es un ejemplo muy ilustrativo de la manipulación política de la crisis en su componente migratorio. Recordemos que una refinería de petróleo había contratado trabajadores italianos y portugueses, lo cual motivó una huelga apoyada por los sindicatos y con un lema similar al utilizado por Gordon Brown en su campaña electoral: «los trabajadores ingleses primero». El problema de fondo de lo ocurrido en Inglaterra es la diferencia salarial con trabajadores a quienes se les aplica el convenio colectivo de sus países de origen, tras haber dictado el Tribunal de Justicia de la UE tres polémicas sentencias en los denominados casos Viking Line, Laval/Waxholm y Rüffert, que suponen de hecho la aplicación del supuestamente abolido «principio del país de origen» y la legitimación del temido dumping salarial junto con la limitación del derecho de huelga. En 2009 hemos conocido manifestaciones de sindicatos del campo andaluces reclamando esa prioridad de los autóctonos en la contratación. Aún reconociendo que resulta tentador para un responsable político seguir la corriente de este tipo de propuestas, la extrema sensibilidad de este tema obliga a adoptar una postura responsable, aún a costa de perder unos votos en las próximas elecciones.
Dentro del colectivo inmigrante, los menores despiertan especiales actitudes de rechazo, prevaleciendo su condición inmigrante sobre la de menores. Un problema que se lleva arrastrando desde hace varios años se ha manifestado de manera especial en el año 2009, nos referimos a las pruebas de edad, a la prevalencia en definitiva de una prueba forense sobre una prueba documental que puede ser el pasaporte. Este debate se ha llevado al Congreso a través de una proposición no de ley, presentada a comienzos de este año, por el grupo parlamentario del PNV. Lo que se encierra tras este tipo de debates es acelerar la mayoría de edad de estos chavales para poder ser tratados como extranjeros mayores a los que se les aplica la ley de Extranjería. En este sentido, y pendientes de conocer el Reglamento, lo que propone la nueva ley de Extranjería es un claro paso atrás, al facilitar que los menores tutelados queden sin ningún permiso al pasar a la mayoría de edad.
Para finalizar, dos apuntes de cara al año 2010. Este año finaliza la vigencia del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, por lo que debería ponerse en marcha el II Plan y, sin ser muy optimistas al respecto, creemos que es una buena oportunidad para establecer la fotografía real de la inmigración en este país. Por otro lado, y si se continúa sin fijar un modelo claro de integración, cada Comunidad Autónoma irá perfilando el suyo propio y si a lo anterior añadimos la competencia de algunas CCAA en materia de extranjería (concesión del permiso inicial de trabajo), el PECI debe servir para poner orden en este panorama, teniendo como referente principal la salvaguarda de derechos de las personas extranjeras. Y en esta labor, cabe encuadrar también el Reglamento de desarrollo de la nueva Ley de Extranjería que, si bien no puede cambiar lo dispuesto en la ley, al menos podría flexibilizar algunos de los requisitos que establece en materias tan importantes como la concesión y renovación de permisos o los supuestos de arraigo y concesión de permisos por circunstancias excepcionales.

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