El Ayuntamiento de Izquierdas de Barcelona y la lucha de los habitantes de los cuarteles de Sant Andreu
Al finalizar el año 2003, si realizamos un análisis en torno a la lucha de los habitantes de los cuarte-les de Sant Andreu, veremos que los mismos hechos se han ido repitiendo de forma escandalosa y dramática, tanto en lo que respecta a la actitud de la administración como en cuanto a la población que habita en las antiguas dependencias del ejército.
Noviembre de 2002. Las administraciones, Generalitat y Ayuntamiento, acuerdan con la Cruz Roja atender caso por caso y proporcionar a los inmigrantes un alojamiento. El acuerdo, no obstante, nunca llegó a concretarse.
Diciembre de 2002. La Subdelegación de Gobierno ordena asaltar los cuarteles el día 18. La policía tiene la orden de detener y fichar a sus habitantes, retenerles en el centro de internamiento de La Verneda durante cuarenta días y luego, siguiendo el procedimiento preferente de Expulsión, depor-tarlos a su país de origen, o a aquellos países cercanos con los que el Estado Español ha firmado acuerdos de deportación.
Entre el 25 y el 31 de diciembre, diferentes organizaciones sociales acuden a los juzgados y realizan los trámites necesarios para liberar a los presos sometidos a la Ley de Extranjería; su único delito, no tener papeles y vivir en los cuarteles de Sant Andreu. Los jueces de turno deciden que no hay lugar al internamiento de los detenidos y la operación policial fracasa gracias al esfuerzo de personas y organizaciones que salieron en defensa de este colectivo.
Enero de 2003. Con el proyecto del Fòrum 2004, la polémica entorno al edificio Agbar o el trata-miento dado a los barrios del Raval y el Casc Antic el Ayuntamiento de Barcelona demuestra ser un experto en gastarse el 33% del presupuesto municipal en modelos de construcción megalómanos y excluyentes en lugar de ofrecer un proyecto social para dar acogida a las personas inmigradas en situación de vulnerabilidad, como lo señala el propio Reglamento de la Ley de Extranjería que la administración asegura cumplir.
Febrero de 2003. Presión del Ministerio de Defensa. Se comprueba que una parte de la población que habita en los cuarteles proviene de los expulsados de Plaza Catalunya y desalojados brutalmente de la Plaza André Malroux.
La vulneración de los derechos esenciales de las personas inmigradas, las detenciones selectivas y las posteriores deportaciones son una constante que se repite desde las plazas de 2001 hasta los cuarteles en 2003. Son también la base real del acuerdo alcanzado entre las tres administraciones, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Subdelegación de Gobierno. Todas ellas coinciden al alegar que algún aspecto de la actuación en torno a esta problemática no es de su competencia, pero las tres deciden actuar al unísono para negar la regularización de los inmigrantes (Subde-legación de Gobierno), negarles un realojo de conjunto, disfrazándolo de solución “caso a caso” (Generalitat), y para comenzar el derribo de los cuarteles, ocultándolo tras un supuesto saneamiento de las instalaciones (Ayuntamiento).
De julio a diciembre de 2003. El Ministerio de Defensa demanda a los ocupantes de los Cuarteles. Los habitantes responden a la demanda, solicitando Abogado y Procurador de Oficio. A pesar de ser los sujetos de la Demanda de desalojo, no los dejan participar en el juicio, y tienen que esperar en la calle más de 300 personas. Un juicio Civil de gran relevancia en la ciudad de Barcelona por la participación de los demandados, es decir los habitantes de los cuarteles.
El Ayuntamiento de Barcelona pone en práctica el “Plan de Actuación para el Saneamiento de los Cuarteles de Sant Andreu y la Línea de Actuación Social” con los ocupantes. El derrumbe de los cuarteles se va realizando día a día, sin tener en cuenta si se trata de instalaciones habitadas o no, llegando incluso a enfrentamientos físicos con los habitantes de los cuarteles. La Subdelegación de Gobierno cumple su parte del plan: de manera cotidiana y sistemática la Policía Nacional entra en los cuarteles sin orden judicial alguna, rompe las puertas de las viviendas, detiene a las personas ‘sin papeles’, amedrenta a todos los demás y maltrata a quien osa resistírseles. Simultáneamente, la Cruz Roja, por encargo de la Generalitat, ofrece a la opinión pública una imagen de realojo que no responde a la realidad: los habitantes de los cuarteles son entrevistados hasta un total de diez veces sin realizar una verdadera oferta de realojo. Tan sólo se les llega a ofrecer dinero para uno o dos meses de alquiler que ellos mismos deben buscar, sólo algunos, se les aloja en pensiones durante semanas para echarles luego de nuevo a las calles, etc.
Los meses de julio y noviembre la prensa saca a la luz los informes municipales sobre los habitantes de los cuarteles. El perfil que señala el Ayuntamiento de los diferentes colectivos es siempre el mismo: delincuentes, drogadictos o vinculados a la venta de armas, personas no reinsertables a la sociedad. Los más castigados son los inmigrantes procedentes de Europa del Este, los okupas y un grupo heterogéneo que, según la administración, “consume alcohol y estupefacientes”. La realidad es que nunca se llegó a realizar ningún plan que ofreciera una verdadera salida global para este colectivo. Tan sólo empezaron a ofrecer puntualmente la posibilidad de un realojo durante uno o dos meses cuando hubo presión por parte de los habitantes a través de las movilizaciones, ruedas de prensa y todo tipo de actividades reivindicativas.
Ahora, a pocos días de terminar el año 2003, se difunde que el Ministerio de Defensa ha decidido regalar o donar al Ayuntamiento de Barcelona los 90.000 metros cuadrados de terreno que ocupan las antiguas dependencias del ejército en Sant Andreu. De ahí que la prioridad del Ayuntamiento sea hacer creer a la ciudadanía que entra a los cuarteles a realizar únicamente un plan de saneamiento, aunque desde el 7 de Julio no se realiza ninguna actividad de limpieza ni se refuerza el apoyo médico. Por el contrario, las máquinas excavadoras no han parado de avanzar para ir derrumbando paulatinamente todo el recinto. ¿Cuál es el motivo de su prisa en acabar con los cuarteles? ¿Por qué no se aplica de una vez el plan de realojo a sus habitantes, antes de que se queden definitivamente sin cobijo?
En resumen, la actuación de las administraciones desde el 2002 al 2003 sería la siguiente:
a)La Ley de Extranjería es el marco jurídico al que se someten todas las administraciones, sean de derechas o izquierdas. Se mantiene un gran número de inmigrantes (cientos de miles) sin papeles que trabajan en la economía sumergida, porque al gobierno y a la administración en Catalunya les conviene mantenerlos sin derechos, para utilizarlos como mano de obra barata, y luego culparlos cuando hay una recesión económica, o cuando hay elecciones señalarlos como los culpables del aumento de los índices de delincuencia o de que los ciu-dadanos catalanes y españoles pierdan su estado del bienestar.
b)La única solución que desde el Estado se plantea tanto en el caso de cuarteles como sobre la problemática de los inmigrantes en su conjunto, o incluso respecto a parte de los movimientos sociales, es la represión. El acoso sistemático, las detenciones y los encarcela-mientos son la tónica que se ha repetido entre julio y diciembre. Los resultados: más de 270 habitantes de los cuarteles han sido deportados, a todos se les ha aplicado el trámite de expulsión preferente, no se ha tomado en cuenta su situación de arraigo, solicitudes de residencia en trámite, no han tenido a su disposición traductores, las alegaciones de los abogados han caído en saco roto, pero algunos jueces se prestan al juego y dan su firma para legalizar las expulsiones.
c)Para justificar esta política hay que criminalizar a los habitantes y a las organizaciones que les apoyan; este es un mecanismo que le ha dado resultados al gobierno del PP, pero ahora lo utiliza incluso un ayuntamiento de izquierdas. Existe un informe policial que niega que la presencia de los habitantes de los cuarteles haya creado alarma social e inseguridad ciudadana. Pero no surge casualmente en Sant Andreu una plataforma vecinal que esgrime argumentos racistas y xenófobos contra las personas que viven en los cuarteles, ni se organizan movilizaciones en el barrio pidiendo el desalojo del recinto y la expulsión de sus inqui-linos, ni tampoco por casualidad se fabrican bombas molotov para incendiar los cuarteles. Y el Ayuntamiento de Barcelona, supuestamente de izquierdas, siempre fue condescendiente con este sector racista del vecindario, a los que incluso ha reconocido como interlocutores.
d)Esta política se complementa con la negativa sistemática a reconocer a los habitantes de los cuarteles como auténticos interlocutores ni a su proceso de autoorganización y las decisiones tomadas en sus asambleas. La comisión de seguimiento formada por las tres administraciones y los vecinos se ha reunido siempre con la ausencia notoria de los verdaderos afectados: los inmigrantes y demás ocupantes de los cuarteles. Jamás el Ayuntamiento se ha reunido oficialmente con sus representantes. Pese a que asistieron al juicio de manera colectiva, pese a que han realizado numerosas manifestaciones y puesto mes tras mes de relieve su voluntad de organización y actuación colectiva, para el Ayuntamiento, y también para la Subdelegación de Gobierno, los habitantes de los cuarteles han sido siempre objeto de represión, nunca sujeto de negociación o diálogo.
e)Sin embargo la opinión pública ha estado reclamando junto al desalojo de los cuarteles un realojo digno para sus habitantes. A este sentimiento las Administraciones han pretendido burlarlo mediante un supuesto plan de realojo caso a caso que nunca se ha concretado. Los habitantes de los cuarteles han disminuido en número no por el realojo sino por ser desalojados policialmente; las cifras de realojados ofrecidas por la Cruz Roja y nunca contrastadas son muy inferiores a los detenidos y deportados del Reino de España, fácilmente contrastables. Desde 2002 hasta 2003, la administración mantiene una ausencia absoluta de cualquier respuesta a las demandas solicitadas por los habitantes de los cuarteles, nunca ha realizado un mínimo esfuerzo por dotar de elementales condiciones higiénicas y de habitabilidad, sino todo lo contrario: derrumbó las duchas, derrumbó casas habitadas, ha hacinado a los habitantes, con el objetivo de que haya enfrentamientos entre ellos.
f)Finalmente, es un secreto a voces que la Subdelegación de Gobierno con el silencio cómplice del Ayuntamiento y la nueva Generalitat, ambos de izquierdas, tiene preparado un desalojo por la fuerza, porque no puede quedar en entredicho su autoridad, frente a un grupo de personas, que en el territorio de Catalunya no tiene derechos, por carecer de papeles. El desalojo que tienen preparado la primera quincena de enero no es el lanzamiento judicial previsto para febrero sino una demostración de fuerza de la policía nacional similar a la que hiciera en el mes de Agosto de 2001 en la Plaza André Malroux para desalojar a los subsaharianos que hicieron su recorrido doloroso desde la Plaza Catalunya. Tras este desalojo, los habitantes de los cuarteles volverán a deambular por las calles, uniéndose a los millares de personas sin techo que habitan la Barcelona del Forum del 2004.
Estos hechos señalados y sus consecuencias es justo lo que no debe hacer un Ayuntamiento de Izquierdas.
Un Ayuntamiento de Izquierdas tiene que preocuparse primero por los derechos de las personas, por el realojo de los sin techo; no se puede gastar el dinero del presupuesto municipal en eventos como el Forum mientras un solo habitante de Barcelona carezca de un techo para guarecerse. Pese a carecer de competencias en cuanto a los permisos de residencia y trabajo, si el Ayunta-miento persigue la verdadera integración de los inmigrantes (que sólo es posible con su regularización) debe cumplir al menos la Carta de Barcelona (derecho universal a la vivienda, educación, sa-nidad, empadronamiento, … ) que él mismo ha aprobado.
Un Ayuntamiento de Izquierdas no puede someterse a una Ley de Extranjería fruto de una mayoría de derechas en el Parlamento español ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Barcelona fren-te a la creciente desobediencia municipal a la Reforma de la Ley de Extranjería en cuanto a la entrega del censo?
En definitiva un ayuntamiento de Izquierdas no puede pactar con la Subdelegación del Gobierno del PP en contra de los intereses de los habitantes de Barcelona sean estos inmigrantes o no, y justamente eso es lo que ha hecho en lo referente a los cuarteles de Sant Andreu.
Ahora que tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat gobernará una mayoría de izquierdas, no habrá un solo pretexto para hablar de boicot, o de imposibilidad de realizar cambios en la estructura. En 2004, veremos el tipo de izquierdas que tenemos en Catalunya, si es verdad que se respetará la ilusión de los ciudadanos de un cambio real, después de 26 años de Pujolismo; lamentablemente tras la amarga experiencia vivida por los habitantes de los cuarteles de Sant Andreu no podemos sino ser escépticos.
Desde los cuarteles de Sant Andreu, Norma Falconi, Miembro de Papeles para Todos y Todas.
28-12-2003
