De las causas sociales del crimen a la responsabilidad individual del delincuente

Laurent Bonelli

Desde comienzos de los años ochenta vienen implementándose políticas públicas específicas para tratar de resolver los desórdenes urbanos. En un primer momento, tres fueron los modos privilegiados de acercamiento: el desarrollo social de los barrios, la prevención de la delincuencia y la mejora de las viviendas (construcción) (¿?). Se reagruparon bajo la denominación genérica de políticas de la ciudad y dieron lugar a la creación, a finales de la década, de una Delegación Interministerial de la Ciudad y a un ministerio de la ciudad. Estas políticas, nacidas igualmente de las movilizaciones de las poblaciones de estos barrios a favor de la dignidad de los barrios, contra el racismo y la degradación de la vida social (marcha de beurs) estaban penetradas de la idea de que la delincuencia es inducida por causas sociales como la precariedad, el paro o la insalubridad de la vivienda.
Ahora bien, este tipo de lógica ha caído en descrédito en los años 90, a consecuencia de una serie de enfrentamientos violentos (ligados generalmente a violencias policiales) en ciudades que se habían beneficiado de todos estos dispositivos (Vaulx en Velin, Mantes la Joie, Sartrouville). A este respecto, el examen de los informes parlamentarios es elocuente puesto que muestra esta incomprensión de las revueltas: “*La impresión de malestar que se deduce de estos acontecimientos y de los de Sartrouville, y Mantes la Jolie ha sido y es tan grande dado que tras los años 82-83, los poderes públicos y las colectividades territoriales parecían haber dado prioridad a la lucha por el desarrollo social de los barrios*”. El primer informe parlamentario dedicado a esta cuestión concluía así: “*no es extraño que la política llamada “de la Ciudad” acusando los errores del urbanismo y del equipamiento, cerrando excesivamente los ojos a derivas sociales inaceptables, ahogada por la burocracia y preocupada ante todo por sus dimensiones mediáticas se vea abocada hoy a constatar su fracaso. A fuerza de acusar al cemento de todos los males, nos hemos olvidado a menudo de las personas. Sin embargo, sin responsabilización de las personas (…) no será posible restaurar el equilibrio, asumiendo la diferencia, de nuestras ciudades*.
El retorno al poder de los socialistas, en junio de 1997, acelera esta evolución pues no existe la figura de ministro de la ciudad en el primer gobierno Jospin. No será nombrado hasta un año después, en marzo de 1998. Es el fin de la rentabilidad política de la ciudad y el comienzo de la reiteración perpetua de su fracaso, sobre todo en los media.
Se insiste desde entonces en la idea importada de Estados Unidos de que “la primera causa del crimen es el criminal mismo”, es decir que se asiste a la entrada en el campo de la concepción de la desviación de la responsabilidad individual, ncorrelativa de la opinión conservadora, como modelo explicativo. Es el final de la idea, sobre todo entre la izquierda, de que hay causas sociales en el crimen: “*sabemos que la delincuencia no tiene en absoluto naturaleza social y que depende de la responsabilidad individual de cada cual*”, como decía el informe de Christophe Caresche, diputado socialista de París. Estos esquemas presuponen entonces que los adolescentes de los barrios populares habrían hecho la elección fácil, racional y duradera de un sistema de valores “delincuentes” contra el de los valores “convencionales”, donde el trabajo es el centro.
Se trataría entonces de encarecer el coste del acto para el delincuente aumentando el castigo. Tal y como declaraba Julián Dray, secretario nacional del Partido Socialista encargado de la seguridad, en los encuentros nacionales sobre la seguridad (Evry, 27 de octubre de 2001): “*refirámonos, por una vez, a los preceptos de los economistas neoclásicos: para el homo-economicus racional, el precio de la posible sanción debe exceder de los beneficios esperados del delito*”. Retomadas masivamente en los discursos políticos, estas visiones son la parte amable de la doctrina de tolerancia cero, confundida aquí con la persecución sistemática de todas las infracciones, incluso de comportamientos calificados como desviados. Jacques Chirac, presidente de la república, declaraba así: “*tenemos cantidad de delincuentes, sobre todo de jóvenes delincuentes que ni siquiera tienen la sensación de comportarse mal y que agreden, sin ninguna consecuencia fijada. Es pues indispensable retener el principio de que toda agresión, todo delito debe ser sancionado al primer delito. Es lo que se llama tolerancia cero*”.
Estas transformaciones de la aprehensión política de los desórdenes urbanos reposan en una serie de seudo-saberes criminológicos, psycho-sociológicos y/o policiales, en los que las “incivilidades” ocupan un lugar central. El ministerio del Interior las define como “*pequeñas trastadas (infracciones menores, groserías) cuya repetición cotidiana vuelve penosa la vida en sociedad: ruidos molestos (gritos, radios, motores de dos ruedas), gente borracha en la vía pública, grupos de gente ociosa percibidos como una obstrucción o una amenaza, vandalismo, pintadas, basuras desparramadas, vidrios rotos, etc. Se puede retener como definición del incivismo todo comportamiento contrario a las reglas habituales de sociabilidad*”.
Esta noción proviene de autores como J. Q. Wilson y G. Kelling en Estados Unidos, que la han utilizado para reforzar su teoría de “*Broken windows*” (vidrios rotos) que ha sido importada en Francia por investigadores conservadores como Sebastián Roché. Para ellos, estos pequeños desórdenes serían el punto de partida de un continuum delincuencial, que partiendo de actos insignificantes conduciría a la comisión de actos mucho más graves, si no son reprimidos a tiempo: “*la proliferación de incivismos no es sino el signo anunciador de un ascenso generalizado de la delincuencia. Las primeras conductas desviadas, por mínimas que puedan parecer, a poco que se generalicen estigmatizan un barrio, polarizan en él otras desviaciones, son la señal del fin de la paz social en la vida diaria. La espiral de la cuesta abajo se inicia, la violencia se instala y con ella todas las formas de la delincuencia: agresiones, robos, atracos, tráfico de drogas, etc.”
Esta teoría, nunca demostrada, constituye uno de los fundamentos de la “Tolerancia cero*”,
Impulsada por el antiguo jefe de la policía neoyorquina, Wiliam Bratton y sirve en Francia de modelo a numerosos “expertos” en seguridad. Se actualiza de manera particularmente radical en la noción de “violencias urbanas” que conduciría gradualmente desde actos tan heterogéneos como el robo de vehículos, el destrozo de un buzón de correos y la grosería, a la criminalidad organizada o al terrorismo islamista siguiendo una “carrera delictiva”.
Mientras que investigaciones detalladas sobre las trayectorias de jóvenes delincuentes, corroboradas por testimonios policiales y judiciales, muestran unánimemente en la mayoría de casos un descenso, incluso desaparición, de la actividad delictiva a partir de que estos adolescentes encuentran un empleo, fundan un hogar, etc., este discurso moral y etnocéntrico insiste en la dimisión de las familias populares y su supuesta incapacidad para constituir un marco de enmienda. Resucitan la idea de una “peligrosidad social” de estos barrios y de sus habitantes (se piensa, a este respecto, en la vuelta a la ideología de las clases populares como clases peligrosas de finales del siglo diecinueve) e insisten en la necesidad de tratamiento policial de estas cuestiones.